Ciudad de Panamá, (dpa) - Un día después de haber sido abucheado por la multitud en un estadio y un día antes de su visita a la caribeña provincia de Bocas del Toro, el presidente panameño Ricardo Martinelli fue declarado hoy "no grato" por los obreros.

Martinelli confirmó su viaje a Changuinola, en la caribeña provincia de Bocas del Toro, para conversar con los trabajadores bananeros, en su mayoría indígenas, luego de disturbios que provocaron muertos, heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

Sin embargo, los planes de viaje del mandatario a zonas sometidas a una dura represión policial provocaron el rechazo de obreros, quienes culpan al gobierno de la crisis en Panamá.

Samuel Quintero, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines, señaló que el presidente no es bienvenido en Bocas del Toro, porque nunca se preocupó, hasta ahora, por los problemas de la población trabajadora.

Martinelli, quien el viernes fue recibido con una silbatina del público cuando ingresó al estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, para observar el partido de "Lionel Messi y sus amigos vs. el resto del mundo", dijo que el gobierno apoya la vía del diálogo.

El presidente culpó de la crisis en Changuinola a la Bocas del Toro Fruit Company, que decidió no descontar la cuota sindical a través de la interpretación unilateral de la Ley 30, conocida como "Ley 9 en 1", y luego retuvo en una acción provocadora parte del salario de los obreros en huelga.

La legislación es rechazada por sindicatos, grupos estudiantiles y ambientalistas. Debido a ello, obreros indígenas de la industria del banano se enfrentaron durante una semana a unidades antimotines de la Policía Nacional y destruyeron cuarteles y oficinas públicas.

Para frenar el desarrollo de una huelga nacional, el gobierno suspendió por 90 días tres artículos de la polémica y abarcadora ley. La iniciativa del Órgano Ejecutivo no ha sido discutida aún en la Asamblea Nacional (Parlamento), mientras las organizaciones civiles exigen que sea derogada.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, anunció que un convoy que transportan insumos con ayuda asistencial viajará esta semana a Bocas del Toro, para apoyar a la población bocatoreña, tras los disturbios.

Sin embargo, líderes de sindicatos y gremios analizarán el sábado nuevas acciones para alcanzar la total derogación de la Ley 30.

El secretario de Organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, advirtió que procederá legalmente contra las "arbitrariedades" cometidas por el oficialismo en perjuicio de los dirigentes sindicales.

Méndez, quien hace una semana era requerido por el Ministerio Público por el supuesto delito de atentar contra la seguridad del Estado, dijo que el gobierno de Martinelli será querellado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y foros internacionales.