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La Lucha contra la Ley 30 no se detiene
Baje aquí Palabra Pública 3. Vea video de CONUSI. Foro Debate sobre la Ley Chorizo, jueves 22 de julio de 2010, Universidad de Panamá. Marcha Nacional, 5 de agosto, Universidad de Panamá, 4:00 p.m.









Hace poco más de un mes, en sesiones extraordinarias, la Asamblea Nacional de Diputados procedió a discutir un anteproyecto de Ley sobre la aviación comercial.  Lo que se le ocultó a la población es que dicha ley contenía reformas a tres Códigos y seis leyes nacionales.

Lo más grave, el gobierno de mercaderes y negociantes que dirige Ricardo Martinelli, pretende con dicho anteproyecto conculcar el derecho a huelga de los trabajadores, busca limitar el acceso a la cuota sindical a los sindicatos para liquidarlos, al negarles la posibilidad de sostenimiento económico al impedir que dicha cuota sea deducida al trabajador tal cual se ha negociado y pactado con los empleadores en la mesa de negociaciones y aprobado en asambleas generales de trabajadores.  En el ámbito ecológico exime al Estado de la presentación de los necesarios estudios de impacto ambiental en obras que el Ejecutivo considere de interés social, esto puede incluir desde proyectos hidroeléctricos y mineros a cielo abierto hasta la apertura del Tapón del Darién.  En el aspecto de derechos humanos, se da impunidad y licencia a los policías para matar ya que estos, en el ejercicio de sus funciones, podrán abusar de su poder y de ahora en adelante asesinar a un panameño sin ser detenidos ni siquiera de manera preventiva.

Así nació la Ley 30 que el pueblo conoce con distintos nombres: Ley Chorizo, Ley Golazo, Ley Camarón, Ley Langosta, Ley 9 en 1, en un esfuerzo por mostrar la forma en que el Gobierno impuso de manera inconsulta modificaciones legislativas sin precedentes.

Se inició de inmediato un fuerte y amplio movimiento nacional de rechazo, resistencia y lucha en pro de la derogación de dicha ley, con movilizaciones, piqueteos y vigilias.

En Bocas del Toro, los trabajadores bananeros, con el apoyo del pueblo, al cumplirse el primer año de Gobierno de Martinelli, iniciaron una huelga que se prolongó por 11 días.  El Gobierno arremetió con furia, causando más de 6 muertos, centenares de heridos y detenidos.  El obrero de las bananeras, Antonio Smith, de 36 años, fue el primer mártir, deja a su esposa viuda y 9 niños huérfanos que dependían totalmente de él.  Más de 150 heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad capital con heridas de perdigones en los ojos. Muchos de ellos, en su mayoría indígenas, quedarán ciegos.

La Policía de Bocas del Toro fue reforzada con cientos de efectivos traídos de otras provincias, principalmente del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON).  Siguiendo instrucciones de su Director Gustavo Pérez y del Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, arremetían por doquier.  Violando convenios internacionales disparaban perdigones a los rostros de los manifestantes.  Un indígena relató: "Nos querían sacar los ojos".

La impunidad que le otorga la Ley 30 a los policías, explica el salvaje comportamiento de estos en la masacre de Bocas del  Toro.  Se dispararon  balas y perdigones a mansalva contra la población. Se efectuaron arrestos y allanamientos sin orden judicial.  Se llevaron presos a muchos heridos que eran sacados a la fuerza de los hospitales y de sus casas. Posterior a los hechos se encontraron cadáveres en ríos y fincas.  Se habla de la muerte de al menos 2 niños por problemas respiratorios causados por la gran cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas.  En la morgue de Changuinola se encuentran cadáveres que no se precisa aún si son de ciudadanos muertos durante las jornadas de protestas.

Los manifestantes fueron señalados públicamente por las autoridades como indios borrachos, ignorantes y drogadictos.  Entre las autoridades que lanzaron estos improperios podemos mencionar a Alma Cortés, Ministra de Trabajo, su Secretario General, Hernán García, el Director de la Policía, Gustavo Pérez y el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.

El Gobierno, a través del Ministerio Público, su instrumento de persecución política, ordenó el arresto de casi 20 dirigentes sindicales y populares y detuvo a varios, entre ellos, al compañero de FRENADESO Noticias, Ronaldo Ortiz y al sub Secretario General del SUNTRACS, Jaime Caballero.

El expediente armado por el Consejo Nacional de Seguridad a solicitud del Consejo de Gabinete, con mentiras y calumnias seguramente proporcionadas por Alma Cortés, señala que los dirigentes participaron de un Encuentro de Dirigentes en la Universidad de Panamá, el pasado 24 de junio, donde se planeaba atentar contra el Canal, acusación absurda pues esta reunión fue pública y con presencia de varios medios de comunicación que jamás reportaron semejante noticia.

El sábado 10 de julio, unos 300 panameños fueron arrestados tras concluir un Encuentro de Dirigentes en el Hotel Soloy.  El hotel fue sitiado ante la mirada aterrorizada de turistas.  No se permitía la salida de nadie.  Sin orden de detención se pretendía arrestar a varios ciudadanos, sin orden de allanamiento la policía entró a las oficinas y habitaciones en busca del secretario General del SUNTRACS, Genaro López.

Se quería arrestarlos para conducirlos a las mazmorras de La Joya y La Joyita, para allí ser asesinados por delincuentes comunes al servicio de los organismos de seguridad del  Estado.

Varios dirigentes, entre ellos Genaro López y Saúl Méndez, tuvieron que mantenerse en la clandestinidad.

Gracias a los recursos de habeas corpus interpuestos por el Foro de Abogador por la Libertad, se han logrado revocar las órdenes de detención, pero el proceso sigue abierto y se han impuesto medidas cautelares.  28 trabajadores presos en Colón durante 8 días por solidarizarse con sus compañeros en huelga en el proyecto de Ampliación del Canal, fueron liberados tras declarase ilegal su detención por el Segundo Tribunal de Justicia. El compañero Jaime Caballero, sigue preso y en huelga de hambre desde hace 6 días, a pesar de que ha demostrado que no estuvo en la susodicha reunión sino en Chiriquí, a 500 kilómetros de distancia de la Universidad de Panamá, acompañando a su hermano en el Hospital quien había caído en su lecho de muerte, como lo pueden atestiguar médicos y personal administrativo.  Aún así el Fiscal Auxiliar, Angel Calderón, ordenó su detención e intentó trasladarlo el lunes temprano a La Joya.

El martes 13 de julio pasado, se desarrolló una huelga nacional de manera exitosa y movilizaciones en todo el país.

El Gobierno ha convocado a un diálogo, con sectores afines a él en su mayoría, y ha decidido suspender por 90 días los artículos que reforman el Código de Trabajo.  CONUSI, uno de los convocados a integrar la llamada comisión de diálogo, ha advertido que no participará sino se discute la derogatoria de la ley en su totalidad, no se investigan los hechos y crímenes ocurridos en Bocas del Toro, se sancionen a los responsables, cesen los procesos amañados contra la dirigencia popular y se libere al compañero Jaime Caballero.

Mientras tanto, la resistencia popular en las calles persiste hasta derogar la Ley 30 y se dé respuesta al pliego de demandas presentado durante la huelga que incluye, la derogatoria de la Ley Carcelazo, inmediata suspensión del proyecto de transformación curricular, rechazo a las reformas inconsultas a Ley de la Comarca Ngäbe Buklé, eliminación del 7% y rebaja y congelamiento de los artículos de primera necesidad.

Desde FRENADESO insistimos en la construcción de poder popular para crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes como salida real a la crisis.

Ello pasa por la creación de un auténtico instrumento político capaz de disputar el control del Gobierno a los partidos políticos de la clase dominante en las próximas elecciones.

Panamá, 16 de julio de 2010.

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Enviado el Domingo, 18 julio a las 15:26:08 por franckoi
 
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