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Inicia Juicio por el asesinato del obrero Luiyi Argüelles
Lunes 20 de septiembre, 8:00 a.m. Corte Suprema de Justicia en Ancón, Juicio por Asesinato de Luiyi Argüelles.









Finalmente, luego de más de tres años, se ha inicido  el juicio por el asesinato del compañero Luiyi Argüelles.

El hecho aconteció en el proyecto de Isla Viveros el 16 de agosto de 2007. El compañero Luiyi recibió disparo a quemarropa de parte del Sargento Manuel Moreno, quien en combinación con otros miembros de la Policía Nacional intentó ocultar el arma homicida, tal como lo registraron las cámaras de televisión.

Existen en el expediente numerosas pruebas y testimonios de personas que dan cuenta de este vil y cobarde asesinato, incluidos personal del Sistema Marítimo Nacional y moradores de la comunidad de San Miguel.

El juicio fue suspendido varias veces como resulado de las tácticas dilatorias de la defensa y de allegados del Gobierno, que aguardaban que se aprbara el camarón legislativo que daría impunidad a los policías homicidas y abusadores, y que el pueblo conoce como la Ley Chorizo (Ley 30).

En la actualidad, cuando un policía es procesado por homicidio, es llevado a cualquiera instalación policial donde su jefe superior puede solicitarlo para cumplir labores administrativas hasta que llegue el momento del juicio. Si es hallado culpable y condenado, deberá cumplir su pena en algún centro penitenciario como cualquier otro homicida.

Con la Ley 30 o Ley Chorizo,  cualquier policía que, en el ejercicio de sus funciones, asesine a un ciudadano, seguiría libre hasta el día del juicio, si es procesado. De ser condenado, increíblemente no cumpliría su pena en ninguna cárcel, sino que sería trasladado a una de las instalaciones policiales donde podría ser requerido para labores administrativas.

En otras palabras, estamos así frente a la total impunidad para los miembros de una institución que se han visto involucrados en numerosos casos de asesinatos, de secuestro, torturas, de violaciones carnales y de atropellos a los más elementales derechos humanos.

La situación es tan grave que cualquier panameño decente podría estar expuesto a la muerte por una simple infracción de tránsito o por participar de cualquier manifestación pacífica, pues con estas reformas se le otorga a los miembros de la policía, licencia para asesinar, como aconteció recientemente en la Masacre de Bocas del Toro.

Se crean así nuevos fueros y privilegios para los miembros de la Policía Nacional, en abierta contraposición a la Constitución Nacional y los convenios internacionales a los que se ha adherido el Estado panameño.
Si alguien tiene alguna duda de lo señalado anteriormente, basta con citar las palabras de uno de los carniceros de la Masacre de Bocas del Toro, José Raúl Mulino, quien al dirigirse a empresarios colonenses sobre la Ley 30 y al referirse del asesinato del otro obrero y dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, (esperar los resultados de las investigaciones y tratando de tergiversar los hechos), afirmó en defensa de los policías asesinos: «la unidad (de la policía) tuvo que utilizar la fuerza letal para defenderse de un linchamiento del SUNTRACS, y aún está detenido; no puede ser que un policía en el ejercicio de sus funciones, poniendo el pecho por la seguridad ciudadana, tenga que utilizar la fuerza letal y tenga que quedar preso, mientras duren cinco seis años, sin salario, quizás siendo el único sustento de su familia, ellos no son dentistas, ellos son policías».

El asesinato de Luiyi Argüelles fue precedido por el cobarde crimen del compañero Osvaldo Lorenzo a manos de sicarios en el proyecto de la autopista Panamá-Colón.

Al sargento Manuel Moreno, como premio por su crimen, fue ascendido por el Director de la Policía Nacional de ese entonces, Rolando Mirones, quien lo designó además como parte de su escolta personal, como una burla a la memoria del mártir obrero.

Los familiares y trabajadores reclamamos Justicia en este juicio que sienta en el banquillo de los acusados a los policías asesinos, en momentos en que otros agentes que han cometido igual delito fueron ya indultados por el Presidente de la República quien se ha propuesto brindarles licencia para asesinar.

Repudiamos este intento del Ejecutivo por mantener la impunidad imperante en el país y esperamos que este juicio se condene la cobardía de este agente de la Policía que segó la vida de un joven humilde cuya muerte dejó a sus 2 pequeños hijos en la orfandad.

La Justicia panameña se enfrenta a otra prueba difícil.

Llamamos a los trabajadores y pueblo en general a repudiar este intento de legalizar la impunidad en nuestro país y de proteger a los policías asesinos y abusadores.

¡Justicia para Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith!

¡Sin Luchas no hay Victorias!

¡La Pelea es Peleando!

Panamá, 20 de septiembre de 2010.


Enviado el Lunes, 20 septiembre a las 19:02:43 por franckoi
 
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