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Frenadeso Noticias 25 de Septiembre 2010

Frenadeso Nacionales
Persiste reino de la Impunidad
Miércoles 29 de septiembre, solidaridad con los trabajadores en Huelga en España, Parque Porras, 4:00 p.m.










Persiste reino de la Impunidad

La absolución, por parte de un jurado de conciencia, a los asesinos del obrero de 22 años; Luiyi Argüelles, quien recibió en su cuerpo 56 perdigonazos de plomo, a menos de 10 metros de distancia, en Isla Viveros, el 16 de agosto de 2007, expresa claramente la prevalencia de la Impunidad sobre la Justicia en Panamá.

En el juicio, la Fiscalía y los abogados acusadores demostraron de manera clara y diáfana como la Policía desde un inicio, en reunión entre los asesores legales, incluyendo el abogado defensor, Ronal Hurley, el Director de la Policía de ese entonces, Rolando Mirones y otros jefes policiales, conspiraron para implantar pruebas falsas, desvirtuar los hechos y armar un expediente amañado a fin de lograr que este crimen, como otros, quedara impune.

Uno a uno los distintos testigos, incluidos miembros del Servicio Marítimo Nacional, señalaron al entonces sargento Manuel Moreno, luego ascendido a teniente por este asesinato, como el autor de este homicidio perpetrado con absoluta premeditación y alevosía.

En su descargo, Manuel Moreno, argumentó increiblemente que la acusación en su contra era una trama urdida entre el SUNTRACS y el Servicio Marítimo Nacional.

La defensa sólo aportó un testigo que terminó contradiciéndose y abonando contra la causa del policía asesino y su encubridor, el cabo Agustín Garay, francotirador del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

En el juicio se demostró cómo el asesino mató fríamente y cómo los policías intentaron incluso ocultar el arma homicida, hecho que fue recogido por las cámaras televisivas de los medios de comunicación.

Aún así el jurado, en un hecho sorprendente, declaró inocentes a los policías acusados.

¿Entonces, quién mató a Luiyi Argüelles indefenso y a quemarropa?

La sociedad debe debatir que está sucediendo en el sistema de justicia.  Qué ocurre cuando la custodia y el control de los jurados de cociencia recaen en la Policía Nacional, y se les deja a merced de todo tipo de chantajes y presiones.

¿Por qué en este caso, como en el anterior juicio por el asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, los defensores de sicarios y policías asesinos objetan jurados seleccionados entre funcionarios de la Universidad de Panamá, trabajadores de la Caja de Seguro Social, educadores, entre otros, por considerarlos de partida enemigos de sus clientes?

Lo que queda demostrado en este caso es que en Panamá sigue imperando el reino de la impunidad.

Un sistema de justicia que sólo opera contra los pobres y los enemigos políticos de los sectores en el poder.

¿Ello explica, por ejemplo, que en Panamá un David Murcia, cuyos socios son defendidos por abogados allegados al Gobierno, sea absuelto, a pesar de los múltiples delitos comprobados aquí y en otras esferas internacionales?

O cómo un primo del Presidente y ex tesorero del partido oficialista, Cambio Democrático, defendido por la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, sea detenido en México junto a numerosos compiches por lavar en Panamá dinero procedente del narcotráfico, y aquí en nuestro país no se conozca ninguna investigación al respecto.

En Panamá, si los policías abusadores y asesinos no son absueltos en base a los expedientes amañados que ellos mismos arman con sus jefes y los asesores legales, entonces son indultados por el Presidente, como ocurrió en los casos de los hermanos pescadores Dagoberto y Ricardo Pérez, de 16 y 18 años, acribillados por agentes policiales que junto a sus cómplices de la institución implantaron pruebas falsas y alteraron la escena del crimen (tal como ocurrió con el asesinato de Luiyi Argüelles), o del caso de la menor embarazada de 17 años, Clarissa Marbelis Urriola, muerta en un confuso incidente en Pedregal.

También podemos mencionar el caso de los agentes del SPI que asesinaron a la empresaria Sandra García Eleta y los que agredieron salvajemente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas envenenadas con dietilenglycol.  Y el suceso de los policías que atacaron con balas y patearon recientemente a estudiantes institutores.

Estos son apenas algunos de los numerosos casos acaecidos en los últimos tiempos donde se comprueba que estamos ante una institución, Policía Nacional, cuyo profesionalismo está en entredicho, que viola flagrantemente los derechos humanos como lo demostró la atroz represión en Bocas del Toro; cuyo jefe, Gustavo Pérez, ha sido seriamente cuestionado por su pasado en las Fuerzas Defensa y en la Unidad Especial Anti Terror (UESAT) al servicio de Noriega; protegido por el Salvaje Mulino (José Raúl), Ministro de Seguridad Pública, cuya destitución es reclamada por el pueblo.

En fin, una institución plagada por agentes corruptos, tumbadores de droga, narcotraficantes, coimeros, protectores de mafiosos, envueltos en escándalos de robos, violaciones carnales, violencia intrafamiliar, homicidios, abuso de la fuerza, que pisotean los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos; que fomentan el terrorismo de Estado y atropellan a los panameños pobres a quienes diariamente someten con el injusto sistema "pele-police" arrestando a cientos de trabajadores por delitos no comprobados y convirtiéndose con el mismo en una simple agencia recaudadora de un Gobierno autoritario sediento de ingresos y afanado en saquear los bolsillos de los panameños humildes.

Como si fuera poco, con la repudiada Ley 30 (Ley Chorizo), los policías asesinos se les arropa con un manto de impunidad y se les otorga licencia para asesinar a los panameños.

Estamos así ante una Policía Nacional que se ha convertido en una de las principales instituciones del crimen organizado en Panamá, hecho que por su magnitud y sus implicaciones debe ser objeto de la preocupación y la discusión ciudadana.

Libres los asesinos de Luiyi Argüelles, sólo nos queda a sus familiares y compañeros acudir a otros tribunales y foros internacionales a buscar la Justicia que aquí en Panamá nos ha sido negada.

Comprobaremos que el Estado tiene responsabilidad directa en este hecho de sangre y en la dispersión de protestas con disparos de armas que usan municiones prohibidas por las Naciones Unidas, tal como ocurrió en Isla Viveros, en Bocas del Toro y otros escenarios.

Mientras tanto, nos preparamos para demostrar el vil asesinato de nuestro compañero, Al Iromi Smith, ultimado cobardemente con un tiro por las espalda por agentes policiales en Colón, el 12 de febrero de 2008.


Enviado el Lunes, 27 septiembre a las 08:30:14 por franckoi
 
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