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Frenadeso Panamá

Frenadeso Nacionales
Repudio a presentación de Ley Mordaza que busca penalizar con cárcel a quienes critiquen al Presidente
Directorio Nacional de FRENADESO sábado 8 de enero, Universidad de Panamá, Salón de Profesores de Humanidades,8:00 a.m. Domingo 9 de Enero,Instituto Nacional,9:00 a.m.







El diputado suplente de Cambio Democrático (CD), Agustín Sellhorn, propuso, ante el pleno de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que reformaría el Código Penal para castigar con cárcel de 2 a 4 años a quienes “insulten” al Presidente de la República o a cualquier servidor público elegido por votación popular.

El Presidente de la asamblea, el reconocido tránsfuga político (ha estado al menos en 4 partidos en los últimos 15 años y es uno de los exponentes del clientelismo político), José Muñoz, aseguró que el proyecto en mención será impulsado con fuerza.

Se trata de leyes dirigidas a restringir la libertad de expresión y los derechos civiles de los panameños, entre las cuales figuran las reconocidas y repudiadas Leyes “Pinchazo” y “Carcelazo”.

Ocurre en momentos en que el país se hunde en la crisis de la basura y de la falta de agua potable que ha obligado al pueblo a lanzarse en masa a los supermercados a comprar la carísima agua embotellada, dejando sin alternativas a los panameños más pobres que hoy enfrentan el aumento vertiginoso del costo de la vida.

También en momentos en que se intentan imponer reformas constitucionales dirigidas a que Martinelli y sus allegados se prolonguen en el poder y aseguren el control total del país y también cuando se ha destapado el escándalo de Wikileaks, que seguirá dando de que hablar en los próximos días, donde ya se demostró que el Presidente Ricardo Martinelli, violó la Constitución Nacional al pedir ayuda a una potencia extranjera (Estados Unidos) para realizar espionaje político.

El anuncio de presentación del antidemocrático proyecto, ha provocado la indignación ciudadana pues proviene de uno de los órganos del Estado más cuestionados y corruptos que se conocen, cuyos integrantes se han visto envueltos en numerosos delitos, escándalos y tropelías. Que han impuesto leyes antipopulares, camarones legislativos, violando su propio reglamento interno, como ocurrió con la Ley 30 o Ley Chorizo que luego tuvieron que derogar, tras la lucha del pueblo que causó más de 10 muertos (la mitad niños), más de 700 heridos (el 10% de ellos ciegos total o parcialmente) y cientos de detenidos.

El pueblo se pregunta: ¿Qué penas existen para los diputados y altos funcionarios que irrespetan a la población con sus escándalos, actos de corrupción y que aprueban leyes inconsultas y lesivas al interés popular? ¿Qué castigo existen para los funcionarios que ofenden a la opinión pública con tristes espectáculos como el que acaba de brindarnos el Cónsul de Panamá en Miami en una entrevista televisiva?

Para muchos se trata de una cortina de humo para desviar la atención pública de los graves problemas que nos afectan y de los serios cuestionamientos al gobierno por las promesas incumplidas de campaña. Pero no debemos olvidar que el diputado suplente de Marylin Vallarino (otra tránsfuga política), su esposo Agustín Sellhorn, fue quien presentó inicialmente la iniciativa para sancionar con cárcel las manifestaciones públicas. Su iniciativa fue en un primer momento criticada por sus colegas y hasta por sus propios copartidarios en la Asamblea y por el mismo Martinelli, pero posteriormente la misma fue endurecida e impuesta como lo que se conoce como la Ley Carcelazo.

Marylin Vallarino es la diputada que de manera calculadora se presenta en ocasiones a las actividades del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida (COFADESAVI) que exigen justicia para las miles de víctimas por envenamiento con dietilenglycol. COFADESAVI por su lucha tenaz, por los cierres frecuentes que realiza para clamar Justicia y por el firme discurso que tienen ante la intransigencia de las autoridades, su negligencia y falta de respuesta, son uno de los principales blancos de la Ley Carcelazo y de está última propuesta del esposo de la diputada Vallarino, con la que en familia comparte su curul.

Con la presentación de esta Ley Mordaza, Agustín Sellhorn, se confirma como un mandadero más de Ricardo Martinelli y de los elementos cercanos a él que promueven el terrorismo judicial, la persecución política, las campañas sucias y buscan cerrar aún más los espacios democráticos.

El proyecto autoritario de Martinelli avanza hasta restringir en su totalidad los derechos ciudadanos y las garantías fundamentales de los panameños.

FRENADESO sigue en sus esfuerzos por construir poder popular, acumular fuerza social y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes como única salida posible al estado de corrupción y putrefacción en que se encuentran los órganos del Estado.

En ese camino llamamos al pueblo a construir su propio instrumento político electoral para acabar con la partidocracia y la podredumbre moral a la que nos han conducido los políticos corruptos que hoy exigen, mediante el terrorismo judicial y la intimidación, respeto a un pueblo al que todos los días ofenden con sus actos.

Por ello, en ese camino de erigir este instrumento político, FRENADESO reúne este sabádo, a las 8:00 a.m., en la Universidad de Panamá, su Directorio Nacional para seguir debatiendo al respecto.

En el 2011... Nace la Esperanza.

Para que se conozca quien prohija el represivo proyecto, presentamos el siguiente artículo aparecido en La Estrella de Panamá el 4 de noviembre de 2010.

ASAMBLEA NACIONAL

¿Agustín Sellhorn, el diputado torpedero?

PANAMÁ. Agustín Sellhorn es un señor de 63 años que en los últimos meses ha ocupado las primeras planas de los periódicos por sus duras iniciativas legislativas, todas enmarcadas en polémicas. Este gerente de una agencia de aduanas ha sabido combinar la política con su profesión.

Desde septiembre de 2004 se le veía por la Asamblea Nacional asesorando a su esposa Marylín Vallarino, en ese entonces diputada del partido Molirena. Cuando Marylín decide cambiarse a las filas del partido Cambio Democrático (CD) a finales del último período legislativo (2004-2009), Sellhorn se postula como suplente de su esposa.

Marylín ganó la curul nuevamente, esta vez con la bandera de CD, y Sellhorn entró al Palacio Justo Arosemena una vez más, pero ahora como diputado suplente.

Desde su curul, del circuito 8-1 Arraiján, ha tomado la batuta en busca de proyectos y legislaciones que endurezcan las leyes panameñas, sin importar el desgaste por las críticas que conllevan estas medidas por parte de grupos defensores de los derechos humanos.

El propio Sellhorn se describe como nacionalista y servidor de la patria. Dice que su abuelo fue perseguido porque se opuso a la cláusula que permitía a los norteamericanos intervenir en Panamá para ejercer la soberanía. "Estoy en contra del vandalismo y la violencia", expresa.

El suplente reprueba vivir en un sistema de anarquía y hay que imponer el régimen de derecho, que a su juicio, “no se pide, sino que se impone”.

¿EL MANDADERO?

En el pleno legislativo, Sellhorn es conocido como el "torpedero" de la Asamblea, incluso algunos diputados opositores como Leandro Ávila aseguran que es un “mandadero del Ejecutivo”, pues le ha tocado presentar proyectos que en un pasado ya ha mencionado el presidente Ricardo Martinelli. Uno de ellos el endurecimiento de condenas, aumentando de 35 a 50 años la pena máxima en caso de concurso de delitos.

La iniciativa fue presentada a finales de octubre de 2009 y la Comisión de Gobierno le dio paso expedito aunque la oposición trató de impedir su aprobación. "Lo que queremos es que la comunidad sepa que su clamor generalizado ha sido receptado por los diputados", agregaba Sellhorn mientras grupos de derechos humanos, opositores y hasta el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá se oponían.

Empero aún con los cuestionamientos, la victoria fue para Sellhorn, cuando sus colegas oficialistas aprobaron el proyecto por mayoría, y el presidente Martinelli sancionó la Ley 68 del 2 de noviembre de 2009 que reforma el Código Penal y Judicial.

Su segunda batalla la libró contra la Red Panameña de Personas con Discapacidad, cuando a principios de febrero de este año, Sellhorn presentó una propuesta legislativa para modificar la Ley que creó la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

El documento plantea que el período del director de la entidad sea de 5 años como el presidencial. Es decir, que la nueva norma permitiría que el presidente Martinelli nombrara el reemplazo de Manuel Campos, quien fue designado en 2007 por el ex presidente Martín Torrijos.

La Red Panameña de Personas con Discapacidad, Familiares y Amigos, conformada por más de 30 asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad, expresó su rechazo a la propuesta y aún no se ha iniciado la discusión del proyecto.

Luego, a finales de marzo de este año presentó el proyecto que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los centros deportivos del país. La iniciativa de Sellhorn se ganó el apoyo de la Iglesia Católica cuando introdujo cambios en el documento, donde se incluiría en esa prohibición a los estadios, que plantea que en los campeonatos de fútbol no se venda más cervezas ni licor a partir del minuto 30 del segundo tiempo y en los de béisbol desde el séptimo episodio.

Sin embargo, el más reciente proyecto presentado por Sellhorn es el que más polémica ha desatado, precisamente porque el propio presidente Martinelli lo ha considerado exagerado.

EL SUPERCAMARÓN

El pasado lunes 5 de abril, los diputados sorprendieron al país cuando en una jugada del oficialismo se introdujo el proyecto de ley 110 que instituye el récord policivo casado con una propuesta de Hernán Delgado para imposibilitar la revocatoria de mandato.

Pero rayando la noche, Sellhorn asombró a sus colegas del oficialismo y la oposición presentando un "camarón legislativo" para sancionar con 1 año de cárcel inconmutables a los que cierren calles con violencia.

Antes las críticas y el poco respaldo, no le quedó más remedio que retirar la dura condena. "Presentamos una propuesta motivados por la necesidad de que la ciudadanía tenga derecho a transitar libremente", justifica.

La propuesta se había retirado; sin embargo, el suplente insistía en aplicar duras sanciones como un período de servicio social obligatorio a los que cierren calles con violencia. "No puedo permitir la violencia".

 

 


Enviado el Jueves, 06 enero a las 11:25:43 por franckoi
 
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