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Slim "arrebata" a panameños proyecto hidroeléctrico

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MATTEO DEAN

MÉXICO, D.F., 24 de abril (apro).- El proyecto hidroeléctrico Bajo La Mina, que se construye en la cuenca del río Chiriquí Viejo, cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica, es fruto de la corrupción gubernamental y compromete seriamente el equilibrio ecológico de la región, afirma Jaime Caballero, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá (Frenadeso).

Según Caballero, quien también funge como subsecretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), la empresa CILSA (del Grupo Carso), responsable del proyecto, aplica además políticas antilaborales que afectan seriamente a los trabajadores.

El proyecto Bajo La Mina, pensado para producir cerca de 54 MW (con dos unidades generadoras de 27 MW cada una) y que costará a la empresa CILSA alrededor de mil 470 millones de pesos mexicanos, empezó a construirse el 27 de julio de 2007 y se prevé que empiece a operar entre 2009 y 2010.

De acuerdo con Jaime Caballero, la concesión del proyecto a la empresa del Grupo Carso, del empresario mexicano Carlos Slim, está plagada de irregularidades, pues ganó la licitación "corrompiendo a las autoridades panameñas".

Puntualiza:  "Es extraño, por ejemplo, que el mismo Martín Torrijos, presidente panameño, haya recibido cinco visitas de Carlos Slim desde que asumió la presidencia en 2004.

"De hecho, sabemos que el mismo ministro del Trabajo, Edwin Salamín, intervino en la concesión del proyecto a la empresa de Slim".

El dirigente del Frenadeso dice que no puede comprobar sus señalamientos, pero afirma que originalmente, en 1997, el proyecto fue asignado a otra empresa: La Mina Hydro-Power, que supuestamente no respetó los tiempos previstos de construcción y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le canceló la concesión otorgada y volvió a subastar el proyecto.

Al respecto, un portavoz de La Mina Hydro-Power reconoció que hubo un retraso para arrancar la construcción pero, según él, la ASEP se apresuró a cancelar la concesión del proyecto hidroeléctrico Bajo La Mina.

Pero no sólo eso, dijo, también les canceló otro proyecto, que también le fue adjudicado al grupo de Carlos Slim.

Así, el 10 de mayo de 2007, la ASEP autorizó a la empresa "CICSA Panamá SA" (brazo operativo de CILSA) la construcción del proyecto hidroeléctrico.

Con una oferta de 31 millones 780 mil dólares, CICSA ganó la licitación no sólo para construir la planta Bajo La Mina –a cargo de otra empresa dependiente del Grupo Carso, la Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL)–, también logró la concesión para la "generación, transmisión y venta de energía por las aguas del río Chiriqui Viejo de Panamá".

Y hay que recordar que la concesión es para 50 años, renovables por otros 50, dice Caballero.

Las demandas

En octubre de 2008, representantes legales de la empresa La Mina Hydro-Power, propiedad de Complejo Hidroeléctrico Progreso SA, interpusieron una demanda contra ASEP ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, para pedir "la nulidad" de la concesión y una indemnización por los seis millones de dólares que se invirtieron en los estudios del proyecto.

Así mismo, denunciaron el plagio de los planes de construcción de la planta, ya que "la ASEP utilizó, sin autorización, la información que detallaba los planos en las especificaciones" del proyecto.

La empresa de origen panameño también interpuso una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia Anticorrupción (CNTA) por supuestos actos de soborno.

De acuerdo con Jaime Caballero, "la razón oficial para que el gobierno esté licitando la construcción y gestión de plantas hidroeléctricas a empresas privadas es porque se estaría agotando la capacidad de producción energética en Panamá".

Sobre ese punto, el director nacional de Electricidad de la ASEP, Rafael de Gracia, señaló que "se necesita que el componente hidro crezca respecto del térmico en una relación entre 70 y 30% u 80 y 20%".

Sin embargo, el dirigente de Frenadeso afirma que "las plantas hidroeléctricas son parte del Plan Puebla Panamá y la producción se irá hacia Centroamérica".

Abunda:  "Cuando uno va al lugar de la construcción, se ve claramente que las torres de interconexión que se construyen están dirigidas hacia Costa Rica".

En el mismo sentido se pronunció, en agosto de 2008, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), al señalar la intención del gobierno de ese país de abrir paso a la producción privada de energía eléctrica, y mencionó que en los planes estaba contemplada la empresa anónima Propietaria de la Red, creada en Panamá, que es la que construye la red de transmisión de alta capacidad que va desde Panamá hasta Guatemala, con una extensión de mil 800 kilómetros.

Y si bien no mencionó directamente el proyecto de Carlos Slim en Panamá, señaló que hay "multiples proyectos de producción privada de energia en la región".

Problema ambiental

Los miembros de Frenadeso han denunciado también la contaminación ambiental y el daño ecologico que ha provocado el proyecto hidroeléctrico.

Caballero explica que "están contaminando las aguas del río porque utilizan químicos sin control alguno para fraguar el túnel de desvió de las aguas".

Y añade:  "No tienen las tinas de tratamiento de los químicos y éstos se van junto a los sedimentos hasta la planta potabilizadora de Paso Canoas, justo a la frontera con Costa Rica, en el distrito de Barú".

El pasado 12 de marzo, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí, Guillermo Ardila Cuenta, confirmó la denuncia de Frenadeso al manifestar que la construcción sobre el río Chiriquí Viejo "está provocando serios daños a la planta potabilizadora, lo que potencialmente afectaría la vida de 45 mil personas, que son las que dependen de esa planta de tratamiento de aguas".

Sobre ese punto, Caballero dice: "No estamos aún logrando medir el tamaño del daño que se está produciendo, aunque el año pasado se contaron más de 500 niños afectados por diarrea".

E insiste:  "Están destruyendo todo (…) hay tala indiscriminada de árboles y kilómetros de perforaciones en las montañas. Se dañaron asentamientos precolombinos y se afectó la vida de las comunidades indígenas de la región, ya que no los dejan siquiera bajar al río".

                Ante ello, el pasado lunes 13 los ecologistas de la región interpusieron una demanda ante la Fiscalía por los Delitos Ambientales contra CILSA, "por daños ecológicos del proyecto Bajo La Mina".

Conflicto laboral

De acuerdo con Caballero, la empresa del Grupo Carso "se hizo de un sindicato amarillo (sindicato fantasma) que conocemos muy bien": el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Perforación de Panamá (Siticopp), cuyo secretario es José Valerín.

El dirigente sindical afirma que ese ente "encubre las decenas de accidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa CILSA y nos niega la información precisa acerca del número de accidentes".

No obstante, dice, "nosotros, gracias a los testimonios de los trabajadores, tenemos contabilizados al menos 18 accidentes graves hasta la fecha y nos han dicho también que hubo ya tres muertos en la obra".

Añade que "justo por los testimonios de los trabajadores que hablan con nosotros, sabemos lo que sucede en las instalaciones, donde sólo hay una ambulancia para un proyecto de alrededor de mil obreros con seis frentes distintos y distantes uno de otro".

Además, relata, se tienen problemas por pagos incompletos y en los túneles las medidas de seguridad son muy escasas, ya que no tienen reservas de oxigeno, agua ni extinguidores.

Así mismo, "los trabajadores no tienen copia de su contrato laboral y se les descuenta dinero por una póliza de seguro que no funciona porque nadie la ha visto y los accidentados no se han beneficiado. Y, lo peor, hay capataces extranjeros que hacen presión para que los trabajos se realicen más rápidamente".

Puntualiza:  "Son tres mexicanos en particular y son utilizados como capataces hacia los trabajadores; están trabajando de ilegales, pues no tienen lo papeles en regla".

Y afirma que, según la legislación panameña, "los trabajos no técnicos son exclusivos de los trabajadores nacionales, y fue así como llegamos a la denuncia de estos personajes".

A ese respecto, señala que las denuncias del Suntracs han llegado hasta el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) a través de dos oficios.

En el primero, fechado el 23 de marzo de 2009 y dirigido a Israel Correa, director del Mitradel de la Provincia de Chiriquí, se solicita la "inspección urgente al proyecto Bajo La Mina [...] toda vez que se han dado 18 accidentes".

Y se lee en el documento: "Esperamos que la presencia del exdirector del Mitradel, Frorentino Samudio, que ahora es funcionario de CILSA, no esté incidiendo en el encubrimiento de todas las anomalías que ponen en peligro la vida de los trabajadores de esta empresa".

En el segundo oficio, con la misma fecha, el Suntracs denuncia que CILSA "ha contratado a un número indeterminado de extranjeros para realizar labores inherentes sólo a los panameños, tal es el caso de contratación de capataces, violando la Constitución, el código del trabajo y las normas de migración".

Por esta razón, solicitaron a la autoridad laboral que "verifique el status migratorio de Juan Manuel de León (mexicano), José Refugio de León (mexicano), Raúl Flores (mexicano), Barcineo Martínez (mexicano), Jhon Mario Osorio (colombiano) y Jhon Pais (colombiano)".

Hasta ahora, señala Caballero, solamente el segundo oficio tuvo una consecuencia, pues "el pasado 1 de abril se hizo un operativo con Migracion a las 6 de la mañana, pero cuando llegaron los inspectores ya le habían avisado a estos señores (los extranjeros), de tal manera que no encotraron a nadie".

Según los trabajadores, dice, estos señores fueron sacados del proyecto en un carro de CILSA y devueltos unas horas más tarde.

Revista PROCESO de México 

Enviado el Lunes, 27 abril a las 04:28:10 por franckoi
 
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