En Panamá varias son las normas que se incumplen bajo la complicidad de quienes deben velar por su plena ejecución, el gobierno.

Con la lógica neoliberal se acuña el concepto de seguridad jurídica, en materia laboral esta se restringe solo a la patronal, lo que ha implicado un proceso sistemático de violación de los derechos de los trabajadores. En este sentido, la fijación de los salarios ha constituido la esencia de garantizar seguridad jurídica a la patronal, promoviendo al país como paraíso de fuerza de trabajo barata y de flexibilidad de las condiciones en el trabajo.

Condiciones del siglo XVIII son las que prevalecen en el país, pues un trabajador panameño actualmente tendría que laboral 18 horas diarias para poder cubrir el costo de la canasta básica de necesidades (alimentos y otros gastos necesarios).

Iguales condiciones presenta la propuesta de la patronal, donde un conjunto de trabajadores devengarían al mes menos del costo de la canasta básica de alimentos, lo que constituye condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Así el sector empresarial pretende seguir incrementando sus riquezas, las cuales han crecido de manera desproporcional con respecto a los salarios de los trabajadores.

En medio de la discusión para fijar los salarios mínimos 2012-2013, el Ministro del MEF Frank De Lima, señaló que ‘él no percibía la necesidad de aumento general de salario en el país’, claro su mirada es desde el reducido grupo que ostenta ‘Salarios VIP’, que además hacen usufructúo de una serie de prerrogativas desde las arcas del Estado.

Olvida, que el gobierno es responsable de una serie de incumplimientos de las normativas salariales y del encarecimiento del costo de vida, dos condiciones que Ricardo Martinelli, en medio de la campaña electoral, se comprometió a resolver.

El gobierno de Martinelli, a quien corresponderá fijar los nuevos salarios mínimos en el país, debe cumplir con la ley que establece que éste debe ‘cubrir las necesidades materiales del trabajador y su familia y propender a una vida decorosa’.

Los Salarios Mínimos (26) existentes en el país se han convertido en una cifra que no representa la realidad de los trabajadores panameños, en este sentido, no considerar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la generación de la riqueza del país y las proyecciones inflacionarias para su fijación, significaría que este gobierno está aupando la profundización de las inequidades sociales.

El Ejecutivo, debe considerar la equiparación del salario mínimo del sector público, municipios y juntas comunales con el mínimo máximo del sector privado, pues el costo de vida no distingue entre uno y otro; la incorporación de distritos de la región 2 en la región 1; disminuir los precios de los bienes y servicios básicos y mejorar el control de los precios de los bienes que integran la Canasta Básica Familiar (CBF), para que el ajuste y aumento no sean trasladados a los consumidores. Aunado a ello es urgente que se dé un aumento general de salarios, pues en un país que mantiene crecimiento económico resulta inmoral que casi el 40% de la PEA mantenga salario mínimo o menos.

La propuesta del sector sindical considera el desarrollo del país y la generación de empleos, ya que al incrementar el poder adquisitivo se incrementa el consumo y también la demanda, por lo tanto es necesario aumentar la producción lo que redunda en más empleos. Siendo el mejor mecanismo para dinamizar la economía.

No abrigamos que un gobierno que se ha declarado y es empresarial atienda la demanda de los trabajadores, como tampoco lo hicieron sus antecesores. De allí que la lucha por mejores condiciones laborales y de vida pasa por la construcción de un instrumento político electoral, que promueva un proyecto de desarrollo nacional con justicia y equidad social. El Frente Amplio por la Democracia (FAD), es un proyecto de esperanza que construimos sectores populares, patrióticos y democráticos, que tiene como horizonte de trabajo el pleno reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos.

SECRETARIO GENERAL CONUSI-FRENADESO