por Genaro López (CONUSI-FRENADESO)

‘Brutalidad policial’ es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público. Incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción policial. El término también se puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones. Son numerosos los casos de brutalidad policial e impunidad en el período Martinelli, José Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Julio Moltó y los diversos procuradores que se han sucedido.

Este accionar represivo se acrecienta a partir de la promulgación de la Ley 74 de 2010. Esta normativa, a todas luces inconstitucional, fue demandada ante la Corte Suprema por Frenadeso en el 2010, sin que a la fecha haya una resolución. Mientras tanto el listado de panameños violentados y asesinados por miembros de la policía es creciente.

La siguiente cronología demuestra la brutalidad policiaca: 9 de enero de 2011, siete jóvenes, detenidos en el Centro de Menores de Tocumen, sufren severas quemaduras, luego que un policía arrojara una lata de gas lacrimógeno a la celda. Cinco de ellos fallecen. Septiembre de 2011, asesinan a cinco jóvenes de origen chino, como desenlace de un secuestro donde se implica a la Policía. Febrero de 2012, dos manifestantes, Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez de 16 años, fallecieron en protesta contra de la Ley Minera. Octubre de 2012. El niño José Betancourt Vega, la señora Irasema Ramos, la joven Yaritzel Navarro y el indígena guna, Jimmy Dixon, son los muertos de la salvaje represión contra el pueblo de Colón. 7 de octubre, la ministra Lucy Molinar autoriza el ingreso de la policía en el Instituto Nacional, desatándose una brutal represión. Se trata de una seguidilla de represiones y ataques contra el movimiento estudiantil y educadores a nivel nacional. 23 de octubre 2013, en San Carlos, un niño de dos años y una de 15 años de origen hindú son asesinados por la Policía.

Otros casos, que si bien no terminan en muerte, pero que sí son ejemplos del abuso policial son: septiembre de 2012, donde el joven ingeniero Naval Rafael Martínez de 24 años denunció golpiza que sufrió en Calidonia por agentes policiales. Un año antes un médico, de nombre Rafael Pérez Carillo, recibe igual trato. El 27 de octubre pasado, mi persona es objeto de brutalidad policial al ser objeto de disparos que impactan en el vehículo, encañonamiento, ataques verbales y amenazas, donde además se atenta contra mi vida y la de mi familia, incluyendo mi hijo de ocho años. Son apenas tres casos de los numerosos que se han denunciado en este período.

A ello agregamos que, el autor intelectual del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, Rogelio Ramos alias ‘Juana Peña’, acaba de ser beneficiado a medida cautelar de casa por cárcel por tres meses, a pesar de haber sido condenado a más de 20 años de prisión por este crimen.

Además, en los últimos tres años Martinelli ha otorgado más de ocho indultos, que han beneficiado a más de 120 policías por todo tipo de delitos comunes, al margen de lo que establece la Constitución.

La Ley 74, que constituye un retroceso en materia de derechos humanos, junto a los indultos otorgados a miembros de la policía que han cometido delitos, hace creer a éstos que están por encima de la Ley y se creen con plena impunidad.

Son muchos los casos de abuso policial e impunidad reinante en el país por parte del Gobierno de Martinelli. Por ello, todos los aumentos salariales y privilegios que otorgan, principalmente, a la oficialidad de la Policía Nacional.

Hacemos una llamado a la sociedad panameña a rechazar la impunidad y el abuso policial; a exigir la derogación de la nefasta Ley 74.

El tiempo les está llegando. Solo un Gobierno del FAD podrá acabar con tantas injusticias y dar castigo a los culpables de tantos asesinatos y abusos.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.