No se equivoquen, no son los niños los mimados de los Gobiernos. La mayoría de ellos carece de condiciones óptimas para la vida digna. En los rangos de edad entre 0-7 años y entre 10-14, el 44 % vive en condiciones de pobreza. La situación es más dura en la niñez indígena y afrodescendientes, 69 % y 23 % respectivamente, realidad que resulta ofensiva en un país cuya economía crece.

Niños que literalmente arriesgan sus vidas en planteles educativos en franco deterioro. Tal como señalaran los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte), quienes han secuestrado a los niños son los Gobiernos, que los mantienen en espacios físicos que son inapropiados para el proceso de enseñanza-aprendizaje: escuelas cuya infraestructura está colapsando; escuelas ranchos, iglesias, centros comerciales, en portales de las viviendas particulares como aulas de clases.

Salones de clases en que hay tanques y tucos como asientos para los estudiantes; donde se vulnera el derecho a los niños que escriben con la mano izquierda, pues el Meduca no compra bancas para cubrir estas necesidades. Planteles que carecen de aulas especiales para la cultura, espacios deportivos, laboratorios, bibliotecas, comedores escolares, enfermerías, entre otros. Que no cuentan con el material didáctico. Niños que tienen que esperar casi la mitad del año para que se nombre a todos los docentes y que, dicho sea de paso, a muchos se les adeudan sus salarios. Este estado de situación coloca en el tapete las interrogantes ¿dónde quedó el Pacto de la Niñez y la Juventud que firmaron?, ¿cuál es el respeto a los Derechos del Niño y la Niña?

Aun así, tienen la desfachatez de negar el 6 % del PIB que está planteado en la Ley Orgánica de Educación, aunado a la vergonzosa declaración de la ministra del ramo en términos de que ‘no sabría qué hacer con estos recursos '. Clase de Gobierno irresponsable e incapaz.

¿Quiénes son los niños mimados de los Gobiernos? Desde hace varios años, en esta columna de opinión, he preguntado: ¿para qué se preparan los Gobiernos cuando en medio de las manifestaciones de los sectores populares otorgan aumentos salariales a la Policía Nacional? ¿Para reprimir? En esta ocasión Varela mandó a encuartelar a los uniformados.

Contrario a lo que sucede con la mayoría de los trabajadores que para conseguir ajustes salariales nos vemos en la necesidad de acudir a la lucha, los estamentos policiales reciben varios ajustes salariales durante los periodos de Gobierno. Entre el dúo Martinelli (3 ajustes) - Varela (2 ajustes), prácticamente los miembros de la Policía han recibido incrementos que cuadriplican sus salarios (el ajuste para comisionados y subcomisionados en esta oportunidad es de 1700 y 1000 balboas mensuales).

En el caso de los educadores la situación es contraria. Varela ha pretendido desconocer acuerdos del 2014 (Decreto Ejecutivo 155) entre Gobierno y educadores, que contempla un ajuste de salario por 900 balboas prorrateados en tres periodos a partir del 2014, segundo desembolso en 2017 y tres años posterior el tercer desembolso (cada uno de 300 balboas). El solo hecho de pretender desconocer un compromiso de Estado es nefasto y peligroso para el conjunto de los trabajadores. Pero, además, los educadores son sometidos a requisitos para hacer efectivo los ajustes, entre ellos las evaluaciones. ¿Qué sucede con la Policía, quién los evalúa? Varios panameños han denunciado abuso policial.

Si el referente de evaluación es la inseguridad ciudadana, han fracasado. No es percepción la ola de asaltos, robos, asesinatos, delincuencia, es una realidad que se vive todos los días en diferentes partes del país. Sus propias encuestas, señor Varela, colocan la inseguridad ciudadana en uno de los principales problemas que confronta la población panameña, junto con el alto costo de la vida y el desempleo. Un 56 % de la población no ve cambios, mientras que más del 20 % cree que empeorará.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.