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FRENADESO Noticias 03 de Diciembre de 2016

Frenadeso Nacionales

[Video] Panamá: Organizaciones populares hacen denuncias ante CIDH y se solidarizan con Venezuela

 

 

 

 

 



Organizaciones populares hacen denuncias ante CIDH y se solidarizan con Venezuela

Se celebró en Panamá reunión de la Comisión Interameriana de Derechos Humanos (CIDH)

Organizaciones populares como Frenadeso, Suntracs, FAD, Mocona FB, y FER-29 se hicieron presentes en las afueras del Hotel Decapolis, donde estaba reunida la CIDH, para protestar por las violaciones a los derechos humanos y laborales en Panamá.

Al sitio se dieron cita representantes de la derecha venezolana, acompañando a Lilian Tintori, esposa del detenido por crímenes en su país Leopoldo González.  Los mismos recibieron el repudio de las organizaciones panameñas.




FRENADESO Noticias 03 de Diciembre de 2016



Las organizaciones entregaron cartas de denuncia que aquí ofrecemos:

Panamá, 2 de diciembre de 2016

Señores

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

 

De nuestra consideración:

En ocasión del 159 período de sesiones de la CIDH en Panamá, en nombre de organizaciones sindicales y del movimiento social panameño, queremos ponerlo en conocimiento de algunos hechos que violan flagrantemente los derechos humanos.

Los hechos:

14 de agosto de 2007. Fue asesinado en el proyecto de la autopista Panamá-Colón el obrero miembro del Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Osvaldo Lorenzo, a manos de miembros de un sindicato amarillo (Sitticop) comandado por el reconocido delincuente Osvaldo Ramos alias “Juana Peña”.

En juicio celebrado en enero de 2010, que duró 7 días un jurado de conciencia declaró culpable por tentativa de homicidio a Rogelio Ramos, alias Juana Peña, y por homicidio a Jorge Morgan y Miguel Ibarra.

Tanto Juana Peña como Morgan eran empleados de la empresa Odebrecht, mientras que Ibarra era seguridad de la empresa Atlantic Pacific contratada para el proyecto Autopista Panamá – Colón.

Otros 2 acusados, Julio Coronado y Gustavo Santimateo, fueron declarados inocentes pese a las abundantes pruebas en su contra y el extenso prontuario policivo que poseen.

Sin embargo, en agosto de 2015, el Segundo Tribunal de Justicia, en un hecho insólito decidió revertir el veredicto de un jurado de conciencia y resolvió dejar en libertad al delincuente Rogelio Ramos, alias Juana Peña.

16 de agosto de 2007. en Isla Viveros, bajo el Gobierno de Martín Torrijos del PRD, el obrero Luigi Arguelles de 23 años muere de un disparo en el pecho propinado por el sargento de la Policía Nacional, Manuel Moreno.  Posteriormente en un juicio celebrado en septiembre de 2011, fue absuelto.  Este hecho demostró como abogados, como Ronal Hurley, personal de la policía, DIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, etc. se organizan para implantar pruebas falsas, desvirtuar los hechos y armar expedientes amañados a fin de lograr que los crímenes de la policía queden impunes.

12 de febrero 2008.  Policías asesinan al dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, en la Policlínica de la CSS en Colón a donde llegaba a buscar auxilio para un compañero y su propia persona, luego de ser heridos durante una protesta por falta de medidas de seguridad en la construcción.

Al banquillo de los acusados fue llevado el agente de la policía Eliseo Madrid, quien a pesar de reconocer el crimen, fue absuelto por el veredicto de un jurado de conciencia.

Posteriormente, se conoció de dos grandes clubes dentro del órgano judicial, “El Centro de Matraqueo” y la “Taquilla”, que compran jurados de conciencia, trabajan la modificación de medidas cautelares, y evitan que a algunas personas se les formalicen procesos judiciales, ‘por arreglo previo’.

Esto agrava la situación de falta de justicia en Panamá y consolida el reino de impunidad que existe desde largo tiempo.

Minera Panamá.

Otro hecho que destacamos es el del proyecto minero que se desarrolla en el distrito de Donoso por parte de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals (empresa canadiense).

Aquí se puso en evidencia algunos elementos de las concesiones que se han entregado: el predominio de un modelo de enclave que priva en la región por parte de la empresa, donde se supedita todo el accionar institucional, productivo y social a los intereses de la transnacional, en una extensión territorial que va desde La Pintada de Coclé hasta Donoso en Colón; y la pretensión de imponer una relación laboral de esclavitud donde se violentan normativas laborales y migratorias.

Igualmente, son notorias las marcadas violaciones a las leyes nacionales, en particular a la Constitución Política de Panamá y al Código de Trabajo. La contratación de fuerza de trabajo extranjera más allá de lo permitido por la Ley (cantidad y condición para su contratación), demuestra las ilegalidades que se vienen cometiendo al momento de otorgar las concesiones en el territorio panameño, donde no solo se flexibiliza o quebrantan las leyes, sino también donde falazmente se le entregan excesivas prerrogativas económicas so pretexto de la contratación de fuerza de trabajo nacional y el desarrollo para las comunidades.

En este tipo de actividad minera, la experiencia demuestra que no solo han arrasado con las condiciones ambientales, dejando extensiones     de terrenos desolados por la técnicas altamente lesivas al medio que no le son permitidas usar en sus países, no generan desarrollo, sino expulsión de comunidades y ahora ponen a competir a la fuerza de trabajo nacional con la extranjera en condiciones parecidas a la esclavitud.

Se trata prácticamente de un enclave colonial, donde a los trabajadores panameños que osen denunciar la situación y reclamar sus derechos son destituidos de inmediato. Se trata de un fenómeno de tráfico de seres humanos, donde extranjeros en condiciones casi de esclavitud desplazan la mano de obra panameña, gracias al negociado de visas que se permite, puesto que la empresa los introduce como turistas y luego las autoridades le conceden permisos de trabajo.

Solicitud.

En base a estas denuncias, solicitamos a la CIDH que interponga sus buenos oficios a fin de garantizar que los asesinatos descritos no queden impunes y que cese la violación de derechos laborales y humanos en el enclave de Minera Panamá.

Agradeciéndoles su atención, me suscribo con saludos cordiales,


Genaro López

Por

CONUSI, SUNTRACS y FRENADESO

Panamá 2 de diciembre de 2016.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Respetados miembros de esta comisión,

El MOVIMIENTO COMUNAL NACIONAL – FEDERICO BRITTON de Panamá denuncia al Estado Panameño por lo siguiente:

  • En Panamá el estado viola constantemente el derecho humano a la vivienda consagrado en La Declaración Universal en el artículo:25 numeral 1.

Constantemente se ejecutan desalojos de forma violenta e inhumana a comunidades de numerosas familias de asentamientos informales desconociendo las normas internas contenidas en nuestra constitución que obligan al estado a resolver las necesidades de viviendas de la población más necesitada.

  • Las Comunidades Ángel Guardián, Altos de Paso Blanco, La Bendición y Eben Ezer del Corregimiento de Pacora; La Ocho de Febrero Malvinas de Alcalde Diaz, Arraijan de Panamá Oeste; Nueva Visión, Cristo Rey y La Hacienda de Pedregal; La Esmeralda del corregimiento de Chilibre e Igual La Fortaleza de Veraguas, todas estas conformadas por más de 7,000 familias, las mismas se encuentran enfrentando procesos de desalojos sin recibir respuesta alternativa o solución efectiva de parte del estado a su reclamación de vivienda digna, procesos llevados por las autoridades de policía en las respectivas jurisdicción de manera arbitraria sin permitir la debida defensa y el absceso a los expedientes.
  • Que El MOVIMIENTO COMUNAL NACIONAL –FEDERICO BRITTON de Panamá ha presentado quejas y solicitado intervención formalmente a la DEFENSORIA DEL PUEBLO sin recibir respuesta alguna como consta en oficinas de dicha institución.
  • Las autoridades denunciadas como los responsables inmediatos son: Corregidora de Pacora, Corregidora de Pedregal, Alcalde de Santiago de Veraguas, Corregidora de Chilibre, corregiduria de Alcalde Diaz y el actual gobierno de Panamá.
  • En la actualidad nuestro Movimiento mantiene una mesa de dialogo con el actual gobierno en busca de soluciones alternativas, pero aun así persisten los procesos y abusos de las autoridades de policía contra nuestras comunidades lo que no permite el buen funcionamiento de dicha mesa de diálogos y envía un mensaje doble actuación de parte del estado
  • Que ante la posibilidad real de desalojos violentos nuestras vidas y bienes están en peligro.

Solicitamos a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA LO SIGUIENTE:

  • Solicitamos se aplique medidas para que el gobierno panameño detenga todos los procesos de desalojos en contra de comunidades en asentamientos informales y se le dé prioridad a la mesa de negociación y la rápida solución alternativa de las necesidades de viviendas de la población.
  • Abrir investigación de todos los procesos de desalojos mencionados y los que pretenda ejecutar el gobierno por medio de las autoridades de policía.
  • Reciban la presente y se le dé curso urgente por el hecho del peligro de la vida y los bienes de quienes habitan los asentamientos informales en la República de Panamá.


 

 

 

 

 


Enviado el Domingo, 04 diciembre a las 08:34:24 por franckoi
 
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