Panamá: Embestidas del Gobierno

Con el nuevo Gobierno los problemas económicos, sociales y de seguridad del pueblo no se resuelven. Entre las primeras medidas anunciadas por el Gobierno PRD está la reducción del número de productos bajo ‘control de precios', algunos de ellos de alto consumo por sectores de bajos ingresos. Cortizo, en lugar de gestar un verdadero control de los precios de los alimentos, ampliar el número de productos bajo control y atacar las distorsiones de la estructura de comercialización, acude al cacareado ‘mercado perfecto de libre competencia', que no existe en el país; con ello, ha provocado en los últimos días mayor especulación y aumento de precios de los alimentos. Al mes de abril, según el MEF, el costo de la canasta de alimentos es de B/.306.76, lo que constituye un monto considerable, dados los bajos ingresos de las familias.

A menos de 15 días del Gobierno de Cortizo, se desata una oleada de despidos en varias instituciones del sector público. Fundamentalmente por el hecho de la expulsión politiquera a la que la partidocracia los somete cada cinco años. Algunos pretenden justificar el despido de funcionarios con el hecho de los 10 años de los PRD fuera del Gobierno, como si ello constituyera una causal válida. Al ser la decisión política, los llamados procesos jurídicos de reintegro por la vía gubernativa que pudieran interponerse quedan sin efecto real, dejando a los servidores públicos en la más completa indefensión. En esencia, no se respeta que ‘los funcionarios están al servicio de la nación y no al servicio de un partido o bando político' (Sentencia de José Dolores Moscote / constitucionalista). Ello avizora que el desempleo, en estos momentos en 6.4 % y la informalidad laboral, en 43.6 %, se mantendrá como uno de los problemas fundamentales del pueblo panameño. Mientras tanto, se reacomodan en puestos de dirección altos funcionarios del Gobierno anterior, diputados que no lograron ser reelectos y figuras mencionadas en escándalos de corrupción. Este ser el ‘buen Gobierno'.

Otra de las medidas que pretende ser impuesta es la asociación pública-privada (APP), so pretexto de la necesidad de enfrentar la construcción de infraestructura de necesidad social. Frente a ello hay que tener claro que las formas de asaltar los recursos del pueblo panameño se modernizan a la usanza del modelo neoliberal. La privatización directa dio pasos a nuevas formas, en ella la tercerización de servicios, concesiones administrativas, la flexibilización de las compras directas, entre otras. Hoy se pretende retrotraer las APP, tanto en la construcción de la infraestructura pública como en la prestación de servicios.

Cualquiera sea su forma, el objetivo sigue siendo el mismo, acrecentar las ganancias de un grupo reducido de poder económico vinculado a los Gobiernos, trasladando recursos públicos a manos privadas, de allí que para los empresarios estas fórmulas se constituyen en la nueva fuente de acumulación y para la partidocracia la conducción del Estado se constituye en su mecanismo de hacer negocios y favorecer a quienes conforman su entorno familiar, partidario y empresarial.

Las APP ya han sido rechazada por el pueblo panameño por los resultados nefastos a nivel social que han tenido en otros países de América Latina, y porque se han constituido en un mayor foco de corrupción y legalización del tráfico de influencias. Alerta, en esta ocasión van por el recurso hídrico, por la privatización del agua para consumo humano.

La gama de proyectos vía APP es tan amplia que favorece el asalto de los recursos del Estado por parte de la patronal y el Gobierno. En la otra cara, se acentúa el endeudamiento, se comprometen los recursos del Estado por periodos de entre cinco a 20 años, adicional a ello incrementa la deuda pública que ya mantiene Panamá, que a la fecha totalizó la exorbitante suma de 26 607 millones de dólares.

Panameño, frente a estas nuevas embestidas del Gobierno y la patronal, es necesaria la lucha organizada, la lucha por una Constituyente Originaria.