Panamá:  Otro parche constitucional

El Gobierno de Cortizo-PRD corrió a presentar un paquete de reformas a la Constitución. Asume la posición de la llamada Concertación Nacional, instancia que no representa al conjunto de los sectores sociales del país. Lleva a la Asamblea Nacional un paquete de 44 artículos de modificación a la Constitución que es desconocido por la mayoría de los panameños, algunos de los articulados con disensos de los propios miembros de la Concertación, pero que se publicitan como consensuados. Es decir, la propuesta de Reformas Constitucionales presentada no tiene el consenso interno de los supuesto sectores ahí representados, consideramos que la misma fue terminada de manera precipitada y tiene contradicciones en cuanto a lo acordado como posibles reformas.

Sin lugar a dudas, se trata de otro paquete de parches a la Constitución militarista de 1972, tal como se hizo en 1978, 1983, 1994 y 2004, que no resuelven la crisis institucional del país. Por ejemplo, no hay cambios en temas como las garantías individuales, la economía nacional, la Fuerza Pública y el Canal de Panamá; se mantiene el presidencialismo y no se aborda la revocatoria de mandato.

Las reformas han sido llevadas a la Asamblea Nacional, para que los diputados les den debate. Una Asamblea que sigue siendo cuestionada por las planillas onerosas, por negociados, por falta de transparencia, por sus ‘pactos de gobernabilidad' entre bancadas y con el Ejecutivo a cambio de prebendas; igualmente por la conformación de Comisiones que presiden figuras altamente cuestionadas por corrupción. El pueblo pregunta si los diputados restringirán sus aspiraciones de reelección. Una Asamblea que propiciará una pantomima de consulta, para luego mantener la esencia de las exigencias de los grupos empresariales y la partidocracia en torno a lo que debe ser cambiado.

Un proceso supuesto a pasar un referéndum organizado por otra de las institucionalidades en crisis, el Tribunal Electoral, mismo que no ha sido capaz de explicar al país las inconsistencias del torneo electoral del 5 de mayo, porque no se contaron los votos de cientos de panameños, las fallas de los dos sistemas de informática. Un referéndum que estará presidido por una vorágine publicitaria de quienes lo aúpan.

El pueblo se une para exigir una Constituyente Originaria, en la medida en que las reformas son otro parche a la Constitución que ya ha caducado.

Tal como señalara Frenadeso en el 2009: ‘Ante esta realidad, invocamos el derecho que se consigna en el artículo 28 de la 2da Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793: ‘El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución'...'.

Desde Frenadeso, hemos planteado una Asamblea Constituyente Originaria como única vía que garantizará plena participación de los diversos sectores sociales del país en la toma de decisiones, rompiendo así con elaboraciones que responden a los intereses de las minorías. La Constituyente Originaria debe permitir una nueva institucionalidad que:

Democratice la sociedad panameña (respeto a las libertades democráticas, los derechos humanos y la aplicación real de la justicia); una reforma sustancial de la legislación electoral.

Pleno respeto a la sindicalización y el derecho a huelga.

Que materialice la democracia económica y social (equidad económica, bienestar e igualdad en la distribución de la riqueza) y garantice que el Estado pague la deuda social que ha acumulado por más de un siglo.

Que instituya la no privatización de servicios públicos vitales para la población y el país, los cuales no pueden ser concebidos como negocios para beneficiar a grupos de poder económico, sino como aspectos vitales para garantizar la calidad de vida de los panameños.

Que preserve la seguridad ciudadana vía de la conservación del ambiente y el ecosistema, la soberanía y seguridad alimentaria.

Que consolide la nación panameña reafirmando nuestra Soberanía Plena en todo el territorio nacional; recuperando nuestra soberanía frente a la política neoliberal, las transnacionales y sus aliados internos, haciendo valer nuestra soberanía jurídica y procurando que el Estado recupere su papel en lo económico y lo social.