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Marcha contra las leyes Chorizo y Carcelazo. La Prensa confirma más muertos en ChanguinolaEl diario La Prensa confirma más muertos en Bocas del Toro. Marcha contra las leyes Chorizo y Carcelazo, y el Decreto 537 sobre los pueblos indígenas, jueves 9 de septiembre, 4:00 p.m. Parque Porras.






Este jueves 9 de septiembre, a las 4:00 p.m. partirá del Parque Porras la Marcha convocada por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo.  La movilización popular se dirigirá hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir que este organismo se pronuncie respecto a las demandas de inconstitucionaslidad interpuestas contra las nefastas leyes Chorizo y Carcelazo.
 
Esta marcha se produce luego de los pocos avances obtenidos en la mal llamada mesa de diálogo, ante la negativa del Gobierno de derogar la Ley 30 (Chorizo) tal como reclaman las amplias mayorías nacionales  y la representación sindical de la que hace parte CONUSI.  El Gobierno busca burlar así la justa aspiración de un pueblo que ha hecho sentir su disconformidad por la manera en que se impuso esta aberración jurídica y por la cual fue masacrado el pueblo bocatoreño con su alto saldo de muertos, heridos y detenidos.
 
Hoy, miércoles 8 de septiembre, a 2 meses del asesinato de Antonio Smith, primer mártir de la lucha contra la Ley 30, el compañero Saúl méndez denunciólas maniobras del gobierno por imponer su voluntad en la supuesta mesa de diálogo, situación que no van aceptar por lo que reiteró estar dispuestos a abandonar estas reuniones antes que convertirse en cómplices de una nueva farsa.
 
La marcha será simultanea en las ciudades de Panamá, David y Changuinola.  Esta accion será el inicio de una nueva etapa de la Resistencia Popular en las calles hasta la derogación de las leyes lesivas contra el pueblo.
 
Entre las demandas de los manifestantes se incluye la derogación del Decreto 537 sobre los pueblos originarios, la solidaridad con los trabajadores de la Caja de Seguro Social (CSS) despedidos y en huelga de hambre, el apoyo a los trabajadores de los Corredores Norte y Sur en su lucha, la condena al alto costo de la vida y la destitución de los ministros de Estado y comisionados de la Policía Nacional responsables de la Masacre de Bocas del Toro, de la política de represión contra el pueblo y de persecución contra la dirigencia popular y sindical, es decir, José Raúl Mulino, Alma Cortés, Lucy Molinar, Gustavo Pérez y Didier Degracia.
 
Hoy el diario La Prensa confirmó las informaciones de diversas misiones internacionales, entre ellas la Caravana Internacionalista, en el sentido de que los muertos son más que los 2 reconocidos oficialmente por el Gobierrno.
 
A continuación el reportaje:
 
En Bocas habrían muerto más de dos

ACUSACIÓN. ‘Estaba malo en cama y el humo le llevó la vida’, dijo Virginia Becker, madre de Rubén.

abenjamin@prensa.com

Dos familias indígenas de Changuinola responsabilizan al Gobierno de las muertes de Leandro Santos y Rubén Becker, fallecidos durante los enfrentamientos de julio pasado entre la Policía Nacional y los trabajadores de los sindicatos bananeros.

Hasta ahora, el Gobierno solo ha reconocido como víctimas de los conflictos a los trabajadores Carlos Smith y Virgilio Castillo. Pero la versión oficial está en duda. Feliciana García dijo, a través de un intérprete, que Santos estaba resfriado cuando la Policía tiró bombas lacrimógenas desde helicópteros sobre el caserío de Loma de La Torre, ubicado a un costado del puente de Changuinola.

Virginia Becker, por su parte, afirmó que su hijo, Rubén, era epiléptico y estaba resfriado cuando fue afectado por los gases de las bombas que tiraron en el sector de El Pantanal. Tres días después murió en el hospital.

Humberto Mas, del Instituto de Medicina Legal, dijo que están pendientes los resultados de los exámenes de dos menores que murieron al momento de los disturbios y que sufrían problemas respiratorios

La historia de las víctimas

‘Quedé con los bombillos quebrados’


Dos meses después de los violentos enfrentamientos entre trabajadores y policías, las víctimas y las familias de los muertos cuentan lo que pasó.

Ricardo Ábrego cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional en los enfrentamientos de hace dos meses en Changuinola.


ana teresa benjamín

Enviada especial
abenjamin@prensa.com

Ese día, Arsenio Rodríguez tuvo fuerzas hasta para sonreír. Delgado, bajo y con lentes oscuros, Rodríguez camina dando pasos muy cortitos, apoyado del brazo de su mujer, y ya sentado dice: “Estoy como un niño. Quisiera volver a ver”.

Es viernes y en Changuinola hay poco sol, pero el calor quema las sienes. Las “mulas” truenan por la carretera y las “chivitas”, sin mucho freno, van y vienen desde las fincas. Dice Rodríguez que todo pasó el 7 de julio de 2010. Jornalero en una finca independiente desde hacía nueve años, ese día tuvo la mala idea de ir a cobrar la beca de uno de sus hijos. “Ya la había cobrado, iba para la (finca) 67 y me quedé viendo”, relata.

No sabe de dónde vinieron los disparos, pero sí recuerda que sintió el golpe por un lado de la cara. “Los que estaban al frente no fueron”, asegura.

Es entonces cuando, ahí sentado, Rodríguez hace la mueca de una sonrisa: “Hemos quedado golpeados y tuertos. Quisiera volver a ver. Es difícil, pero no imposible… Mire pue… Quedé con los bombillos quebraos”.

Una tierra de Bocas Fruit

Como la Chiquita está en Bocas desde el siglo XIX, Changuinola es un pueblo que nació y creció con las bananeras, campos inmensos llenos de tallos verdes entre los que, cada tanto, aparece un “cuadrante” o grupos de casas construidas para los trabajadores.

Tan íntimamente está el pueblo ligado al banano, que allí no existen calles ni avenidas. Si se va a las oficinas principales de Bocas Fruit, por ejemplo, hay que pedirle al taxi “las laborales”, y el conductor llega hasta finca 8. Si desde Almirante se quiere llegar al centro del pueblo, basta decir “la 66”. Si el destino son las oficinas de la Cooperativa Bananera del Atlántico (Cobana), entonces hay que dirigirse a “finca 6”, por el “sector de la 41”.

Aunque el pueblo tiene su iglesia católica, su palacio municipal y su sede policial, sus edificios no están alrededor de un parque central, como en cualquier otro pueblo del interior. Changuinola, de hecho, no tiene parque central. La esquina más imponente lo ocupa el edificio de la Policía Nacional, que comparte espacio con la cárcel de Changuinola.

Una cuadra más allá del cuartel está la Central, en donde se apiñan casinos, hoteles y comercios de nombres diversos: Changuinola Mall, Wolf Mall, The Brothers, El Pérsico, El Buen Sabor.

Hacia las afueras, por los lados del puente sobre el río Changuinola, hay dos barrios que llaman la atención. Uno se llama Nueva York y está formado por casas grandes pintadas de colores tierra y melocotón, con ventanas francesas y equipos de aire acondicionado. El otro es un caserío ngäbe que se llama Loma de La Torre, levantado sobre un área inundable, muy cerca de un matadero, en donde mal viven los indígenas sin servicios higiénicos y con cocinas de fogón.

El preámbulo de los disturbios


Dice el informe de la organización de derechos humanos Human Rights Everywhere que el cierre de los accesos a Changuinola empezó el 5 de julio. Hasta entonces, el movimiento comercial en el pueblo había sido lento pero pacífico, aun cuando los trabajadores habían parado labores desde el 2 de julio y efectuado dos marchas para protestar contra la Ley 30.

Según el mismo documento, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, llegó el 6 de julio a Changuinola para servir de mediadora, pero su presencia no hizo sino empeorar los ánimos. Dice un comerciante de la Central que “la ministra Cortés entró por aquí corriendo con tres vehículos y se fue por aquí mismo, con sus tres vehículos”.

Ricardo Ábrego, uno de los heridos durante los disturbios, relata que a Cortés “no le importó lo que estábamos haciendo”. Que en la mesa de negociación hubo dimes y hubo diretes, y al final la ministra salió diciendo: “Hagan lo que quieran, pero no vamos a derogar la ley”.

Como la intervención gubernamental sirvió de poco, el 7 de julio Changuinola era ya un infierno. Los trabajadores se habían organizado de tal manera que había barricadas en puntos estratégicos: en el puente sobre el río Changuinola; en la Central, a la altura de Global Bank; en el aeropuerto y muy cerca de la Policía Nacional, entre otros.

Horacio Rodríguez había cobrado el día anterior, el 6 de julio, y el 7 se fue al centro temprano para comprar comida para sus hijos, cuenta. Estaba cerca de uno de los almacenes de “los árabes” cuando empezaron los desórdenes. “Ahí había personas que no estábamos protestando, pero los guardias solo querían despejar la calle”, detalla.

En medio de la confusión, a una señora se le zafó una niña pequeña y Horacio dice que “del susto no se regresó”. Como había sido voluntario de los bomberos, casi que por instinto quiso agarrar a la niña, porque las bombas lacrimógenas caían a su alrededor. Ya la tenía tomada de la mano cuando alzó la vista y vio al policía. “Estaba al frente y me dio en el estómago, los ojos y los brazos... Ahí quedé yo”, relata.

No sabe quién lo sacó de allí y qué pasó con la niña porque “perdí todo conocimiento”. Cuando lo recobró, “yo nada más sentía que me echaban agua y me llamaban”. Horacio, que había caído frente al almacén Zona Libre, estaba ahora bajo el chorro de una pluma de agua en la gasolinera contigua a la terminal.

Por esa misma zona caería muerto Carlos Smith, uno de los dos fallecidos reconocidos por el Gobierno.

La batalla del puente

Susana Smith tiene 16 años y está esperando un bus sobre la vía pedregosa de “Las 30”. Es hija de Carlos Smith y dice, para describir a su papá: “Era lo más preciado para mí. Él peleó por nosotros, para que tengamos buen salario”. A cargo de siete de sus hermanos –Benjamín (15), Arnoldo (13), Elida (11), Roxana (10), Sebastián (8), José Antonio (6) y Bernice (4)– Susana tiene de fondo una casa de cemento que huele a nuevo.

El 24 de julio, como “compensación” por la pérdida, el Gobierno le entregó a la familia de Carlos Smith una vivienda como no la habían tenido nunca.

“Antes vivíamos en una barraca por allá”, cuenta Susana sin resentimientos, una barraca con un cuarto para los nueve y otro para la sala. “Mi mamá está ahí, más o menos… Nos dejó con mi tía y se llevó a Abigail, de ocho meses”, a una actividad de la Cooperativa Bananera del Atlántico.

Unos pasos más adelante hay una casa idéntica. Adentro está Dina Morales con sus cuatro hijos. Residente de Loma de La Torre, Morales no estaba en su casa sobre pilotes el día que murió su marido, Virgilio Castillo. “Yo había salido de allí porque nos dijeron que había muchos antimotines en el puente”, detalla.

Pero sí le contaron lo que pasó: “Se tiró por un barranco, lo mandaron a parar… Él dio la vuelta con las manos arriba y le tiraron (perdigones). Lo empezaron a patear y, cuando cayó de rodillas, le tiraron gas… ‘¡Camine!’, le dijeron. Dio tres pasos y cayó. ‘¡Camine!’, le dijeron otra vez. Caminó de nuevo y se volvió a caer. Tres veces se cayó y luego lo montaron a la patrulla”.

Adolfo Morales, hermano de Dina, asegura que a Virgilio lo sometieron entre varios y lo “tiraron” al carro policial, porque Virgilio no se pudo levantar más.

Entre las fotos del conflicto que se exhiben en un mural en la sede de Sitraibana hay dos de Virgilio Castillo: en una se le ve sentado en el piso del patrulla, rodeado de otros huelguistas esposados, con la boca abierta.

La otra es un acercamiento al rostro: una masa sanguinolenta con un pañuelo amarrado a la cabeza, que parecía querer contener la hinchazón terrible del ojo derecho.

Y ahora... ¿qué?

Armando Baker no lo sabe. Está acostado sobre una hamaca de colores vivos en su casa, en Las 20, luego de casi dos meses hospitalizado en el Santo Tomás.

Baker estaba en las protestas en el puente cuando cayó herido y el diagnóstico fue grave: una herida de bala que le afectó un riñón, el hígado y los intestinos. Una herida de bala, léase bien.

“Ahora uso bolsa de colostomía”, explica con un hilo de voz, pero sin amedrentarse, mientras su familia lo escucha con un silencio que aturde.

En el pueblo, en la sede de la Cruz Roja, Luis Alberto Campillo cuenta su versión. Como presidente del Comité Local de la Cruz Roja explica que, ciertamente, lo que se vivió en aquellos días fue caos y anarquía.

“Hubo irrespeto y falta de comprensión en uno y otro lado. Los policías estaban mejor armados y los huelguistas no respetaban a nadie. Todo se salió de control por falta de diálogo y por la intolerancia”, enfatiza.

Didier De Gracia, jefe de la Zona de Policía de Changuinola, no estuvo disponible para entrevistas, aunque se le buscó durante tres días distintos, a diferentes horas.

De Gracia ha negado el uso de armas letales y el exceso de fuerza por parte de la Policía.

Roberto Sirausqui, padre de la iglesia católica de Changuinola, no le da muchas vueltas al problema: “Están heridos en el cuerpo y en el alma”, dice, refiriéndose a los trabajadores bananeros.

“No se usaron los medios adecuados, ni por la Policía ni por el Sindicato”, agrega. “Yo creo”, señala, finalmente, “que no era necesaria tanta violencia”.

Conversando con Valentín Palacio

Valentín Palacio está dormido y va a buscarlo su mujer. Viven ambos, con sus hijos, en una choza de madera y plástico húmeda y oscura, levantada sobre una losa de cemento.

Dice Palacio, ya despierto, que hace algunos años los nuevos dueños de las tierras quisieron “tumbar toda esta vaina” para sacar a los viejos residentes. Las tierras las había dejado Chiquita y los nuevos propietarios eran bananeros independientes.

El proyecto de lanzamiento no prosperó y los habitantes despojados volvieron a construir. Otros, a quienes las máquinas no llegaron a tumbarles las casas, siguen en esas cabañas de madera y ventanas cuadradas que construyó la transnacional. Palacio ha salido de su cuarto, pero muestra desconfianza. “Siento miedo de contestar”, dice, porque ya muchos le han hecho las mismas preguntas, desde que apareció el 10 de agosto pasado. A Valentín Palacio lo dieron por desaparecido luego de, supuestamente, participar en la huelga de los sindicatos bananeros. Pero durante la entrevista enfatiza: “No me gusta la huelga porque yo no trabajo con la empresa”.

Dice Palacio que, como ya ha contado antes, para esos días se fue hasta Almirante para buscar “trabajito”. No explica cómo llegó hasta allá, si todas las calles estaban trancadas, pero sí reitera que fue en Almirante donde “dos sujetos me maltrataron y yo no sé más nada”. Tampoco explica por qué lo atacaron, si admite que lo único que cargaba encima era su carné de seguro social, su cédula y “10 ‘dolitas”.

“No te puedo decir si me atacaron por 10 ‘dolitas’. Un pastor me recogió… Un avión del Senan [Servicio Nacional Aeronaval] me recogió y me atendieron en la clínica de la Policía… El Pelón (Gustavo Pérez) me regaló los zapatos, me dio un par de ‘dolitas’ para la ‘sodita’…”. Dice que su familia se preocupó porque se creyeron los cuentos. “Lo que salió fueron rumores… Madre es madre y oyendo una vaina y otra, llora y llora. Les creyó”. Palacio contesta, pero se impacienta. Quiere una casa buena, dice, y se cansa. “Tantas preguntas que da dolor de cabeza… Ya no quiero hablar”.

ANA TERESA BENJAMÍN



Enviado el Mircoles, 08 septiembre a las 11:39:54 por franckoi
 
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