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Panamá: Proyecto Belfon, la justicia tutelada por EE.UU. Un proyecto inconstitucional y represivo violador de los derechos humanos

 

 

 



Entrega de credenciales a Genaro López candidato del FAD, hoy 5:30 p.m. Restaurante Lung Fung.

La Justicia Tutelada por EE.UU.

En el marco de la profundización del modelo de globalización económica y política en Latinoamérica se han implementado sistemas que responden a la concepción geopolítica de los Estados Unidos; de la misma manera como en los años 70 el pretexto del comunismo sirvió para imponer a sangre y fuego regímenes militares violadores de los derechos humanos de la población, a inicios de la década del 90 el narcotráfico se convirtió en la nueva justificación para la intervención directa en la política interna de nuestros países.  Panamá ha representado en este escenario un eslabón complaciente asumiendo todas y cada una de aquellas medidas que, sin importar el orden constitucional, se imponen por disposición de la política exterior de Estados Unidos, ejemplo de ello es que nuestro país es un centro continental donde confluyen, operan y se desarrollan ilegalmente hasta el momento diversas actividades a cargo de las agencias de seguridad norteamericanas, quienes actúan con libertad absoluta irrespetando nuestra soberanía jurídica, las cuales no solo vulneran la soberanía nacional, sino que imponen un vergonzoso e innecesario bochorno jurídico que nos ubica como instrumento de la política de seguridad nacional de Estados Unidos.

En nuestro país la Procuraduría General de la Nación, ente cuestionado en los últimos 4 años por ser un instrumento de corrupción y persecución al servicio del Ejecutivo, caracterizado por políticas selectivas en donde sus investigaciones de los llamados procesos penales de alto perfil siempre concluyen en impunidad;  hoy  presenta ante la Asamblea Nacional de Diputados (otro ente desprestigiado del sistema político panameño), una reforma relacionada con el delito, un proyecto de ley supuestamente para enfrentar la delincuencia organizada en la que, por vía legal, ya se tipifica y sancionan los delitos relacionados con esta actividad de conformidad con convenciones de las Naciones Unidas y tratados internacionales ratificados por la República de Panamá.

Cárcel de hasta 12 años para quienes “intimiden” a los Policías

La primera reacción del pueblo panameño ante la propuesta de ley, fue de rechazo absoluto al conocer el contenido del artículo 42 de este proyecto, que otorgaba a la Fuerza Pública una nueva y más peligrosa prerrogativa legal que representa para el ciudadano una pena de entre 8 a 12 años de prisión, por incurrir en la genérica y subjetiva figura de amenaza o intimidación a un miembro de la Fuerza Pública.  Esa fue la reacción inmediata de la ciudadanía, tomando en consideración los antecedentes de la Fuerza Pública con sus participaciones en actos de represión a movimientos de protesta social, tales como asesinatos dolosos en perjuicio de los quemados del centro de menores bajo el amparo de la ley 74 que garantiza impunidad a los casos de homicidios perpetrados por agentes de la policía, casos como la  represión en Changuinola, Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Colón, con el saldo trágico de muertos, heridos y otros hechos de sangre que han quedado en la impunidad, y más recientemente el doloroso episodio del asesinato de los menores en San Carlos, el atentado contra la vida de Genaro López y su familia, la balacera sufrida por familias en Las Cumbres y en Chiriquí a manos de policías.

El hecho que el proyecto de ley se discuta en sesiones extraordinarias sin   consulta previa con los sectores representativos de la sociedad panameña abonó a ese rechazo inmediato de la ciudadanía, porque esta iniciativa se interpretó correctamente como un rasgo favorecedor al ente represivo.

La Ley Belfon encierra otros peligros

Pero este proyecto de ley que ya ha sido aprobado a tambor batiente en segundo debate por la Asamblea, tiene otras razones por las cuales debe ser repudiado.  El mismo representa un peligro para las garantías constitucionales y ciudadanas y para la vigencia de los derechos humanos de los panameños, ya que bajo el ropaje de la presunta lucha contra las llamadas organizaciones criminales se aplican procedimientos especiales que denominan trámites complejos a ciertas investigaciones, limitando el acceso a la investigación por parte de los abogados de la defensa; instituye la figura de operaciones encubierta que pueden ser ejecutadas por organismos de seguridad externos, caso de la DEA y la CIA de ingrata y tenebrosa recordación en nuestro país.

Por primera vez la vigilancia y el seguimiento a un ciudadano en este país se podrán ejercer sin limitaciones, ni estarán regulados por garantías legales ya que el fiscal los podrá ordenar por cualquier motivo sin que el investigado o victima de la investigación conozca de que este acto se esté dando y por lo tanto quedará desprovisto de toda defensa.

Los pinchazos

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se relaja.  Hoy, por razones legales fundadas y legalmente probadas, corresponde a la Sala Cuarta de la Corte Suprema, de manera privativa, ordenar una intervención telefónica.

Con este proyecto de ley, de ser aprobado, la orden de intervención telefónica y de cualquier otro medio de comunicación, podrá recaer en un Juez de Circuito, impidiendo así a los Magistrados de la Sala Cuarta el control de una materia muy sensible respecto a la libertad e intimidad del ciudadano; pero inicialmente la decisión recaerá en el Ministerio Publico, sin control jurisdiccional alguno.  Estamos frente a un acto arbitrario sin que el imputado, que en 60 días es objeto de un seguimiento, pueda defenderse ante una acción revestida con un ropaje supuestamente legal ya que el Ministerio Publico no necesitará de una autorización para justificar su actuación .

El testigo protegido, al igual que los agentes encubiertos de nefasta recordación en Latinoamérica por ser un instrumento de persecución en contra de los luchadores sociales, en este proyecto se hacen realidad con el consabido peligro que ya en nuestra historia reciente se ha verificado cuando dirigentes como Saúl Méndez en especial y la dirigencia de FRENADESO en general, han sido víctimas de procesos amañados que pretendieron mediatizar sus luchas a través de la intimidación judicial.  Hoy con esta ley esas pretensiones podrían lograr sus objetivos.

Exigimos que Panamá no forme parte de la política de seguridad de ningún otro país, que ninguna medida penal o institucional para reprimir el crimen organizado sea impuesta por Estados Unidos y muchos menos violando las garantías constitucionales e individuales de los ciudadanos como ocurre en la Ley Belfon.

Que el proyecto 651 sea retirado de inmediato de la Asamblea Nacional y que cualquier otra iniciativa similar esté precedida de un amplio debate y consulta con los sectores más representativo de la sociedad panameña, siempre resguardando la soberanía jurídica de nuestro país, son nuestras demandas.

¡Abajo la Ley Belfon!

¡Sin luchas no hay victorias!

¡La pelea es peleando!

Panamá, 12 de diciembre de 2013.

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

 


Enviado el Jueves, 12 diciembre a las 19:44:32 por franckoi
 
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