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Panamá: Llamamiento Internacional











Llamamiento Internacional

Antecedentes

El 9 de marzo de 2020 en Panamá se anunció el primer caso de Coronavirus. Un día después, 10 de marzo, por denuncias y por el paro de actividades de docentes y estudiantes del Colegio Monseñor Francisco Beckman, en la ciudad capital, se conoció el primer fallecido, el Profesor Norato González, director del plantel, así como de otros docentes en cuidados intensivos

El 11 de marzo la OMS declaró la Pandemia Mundial del Coronavirus.

El 13 de marzo el Consejo de Gabinete declaró, el estado de Emergencia Nacional y otras disposiciones mediante Resolución De Gabinete Nº 11.

El 18 de marzo, el Consejo de Gabinete aprobó un presupuesto de $50 millones para el programa ‘Panamá Solidario’ que incluye una asistencia económica de entre $75.00 y $100.00 mensuales para aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas.

El 20 de marzo se promulgó el Decreto 81 sobre suspensión de contratos de trabajo. La supuesta intensión de este decreto es preservar los puestos de trabajo una vez culmine la crisis, es decir que los trabajadores deben ser recontratados, sin embargo eximió a los empresarios del pago de días trabajados y otras prestaciones de los trabajadores, lo cual es violatorio de los derechos laborales

En relación al no pago de salarios, solo el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) logró con su contraparte, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), que los días trabajados a la fecha de suspenderse la actividad fueran pagados, el XIII mes y otras prestaciones se están pagando y a más tardar el 15 de abril deben recibirlo todos los trabajadores. El 18 de abril se debe sostener otra reunión entre el sindicato y la CAPAC en busca de nuevas alternativas. Se incluyó a los obreros de la construcción dentro del llamado bono solidario que fue una propuesta del Sindicato al señor Presidente, así como se planteó para todos los trabajadores a nivel nacional el pago de salarios de 15 y 30 días prorrogables, lo cual no  fue acogido por el Ejecutivo. El Sindicato y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) participaron antes en la elaboración del protocolo para las industrias, incluida la Construcción, y se nombraron los comités que garantizaron lo básico para la higiene de los trabajadores, como acciones de seguridad se envió de vacaciones a los trabajadores con más de 60 años, mujeres en estado de gravidez y pacientes de enfermedades crónicas.

El resto de los trabajadores a nivel nacional, se fueron literalmente sin un centavo para sus casas. Los empresarios los abandonaron a la espera de que el Estado les brinde el apoyo del programa Panamá Solidario. Otros aprovecharon la situación para arbitrariamente despedir a trabajadores, reducir los salarios y las jornadas de trabajo y jubilar anticipadamente.

El 21 de marzo trabajadores de First Quantum Minerals (FQM-Minera Panamá) abandonaron, por trochas abiertas en la montaña, el proyecto minero en Donoso, Colón, y denunciaron que varios trabajadores estaban contagiados. Demandaron el cierre temporal del proyecto, pero el Gobierno no incluyó la actividad minera entre los sectores que debían paralizar. Ya el 20 de marzo, un día antes, el SUNTRACS advirtió sobre a necesidad de que el proyecto fuera cerrado.

El 24 de marzo se promulgó el decreto Ejecutivo 506, que ordenó el cierre de los proyectos de construcción por 30 días a partir del 25 de marzo. Por la exposición a que eran sometidos los miles de  trabajadores de la construcción, el SUNTRACS venía insistiendo en la necesidad de suspender esta actividad.

El 25 de marzo, en un mensaje al país, el Presidente Cortizo anunció el inicio de la cuarentena.

El 26 de marzo se aseguró que Panamá había logrado colocar 2,500 millones en bonos dentro de un plan de 6 mil millones de dólares para enfrentar la Pandemia. El primer país de Latinoamérica en salir a los mercados en medio de la crisis.

Para asegurar la efectividad de la cuarentena, organizaciones populares señalamos la necesidad del pago de salarios a los trabajadores o un porcentaje de estos, un bono de 500 balboas para desempleados y trabajadores por cuenta propia, morosidad (al menos mientras dure la crisis y sus efectos) en el pago de agua, luz, servicios de comunicación, préstamos, hipotecas, créditos, tarjetas y congelamiento de intereses. El Gobierno asumió algunas de estas demandas, pero los bancos no congelaron los intereses y siguen ejerciendo presión sobre sus clientes. El bono es insuficiente pues no cubre la canasta básica de alimentos para una familia y otras necesidades que superan los 400 balboas mensuales. Además, hemos denunciado que algunas medidas de flexibilización laboral como el decreto 81 de 20 de marzo de 2020, violan la Constitución Nacional, el Código de Trabajo, convenios de la OIT y derechos humanos.

La situación actual

Al 10 de abril Panamá registra 2,974 caso positivos de Coronavirus, 78 fallecidos, 104 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) y promedia más de 200 casos por día.

Esto nos convierte en el país en términos per cápita con la prevalencia más alta de Latinoamérica, con mayor incidencia y el segundo en mortalidad después de Ecuador.

El domingo 25 de marzo, en declaraciones a los medios de comunicación, el Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quien dirige la primera institución de atención de salud del país, declaró que a nivel de UCI en la Caja, solo habían “113, de las cuales solo hay 19 disponibles a nivel nacional.”  Agregó que en cuanto a camas a nivel nacional solo habían “2 mil 871. Disponibles, como 200”.

El, 9 de abril, al anunciarse 107 casos en cuidados intensivos, el Dr. Julio Sandoval, intensivista y coordinador del Comité Asesor del Ministerio de Salud sobre COVID-19, habló que para la otra semana se esperan más de 300 pacientes en UCI. Solo hay 50 médicos intensivistas en todo el país y tampoco hay enfermeras intensivistas suficientes.

En distintos centros hospitalarios los trabajadores de la salud se manifiestan porque no tienen los equipos ni los insumos necesarios para su protección ni para poder atender a cabalidad a los pacientes.

Es decir que nos encontramos en un punto crítico que puede significar el colapso total de la salud pública, cuyo deterioro y bancarrota se explica por las políticas privatizadoras de un modelo neoliberal que convirtió a Panamá en el sexto país con mayor desigualdad del planeta y donde la salud no es más que otro negocio.

A 23 días de darse a conocer el Plan Panamá Solidario y a 16 días de iniciarse la cuarentena, la prometida ayuda gubernamental no llega a vastas comunidades del país, muchas de las cuales tampoco poseen agua potable, lo que ha obligado a muchos panameños a abandonar sus casas y a salir a las calles para exigir sus derechos, con todos los peligros que ello significa en cuanto a la exposición al virus.

Estas manifestaciones han sido duramente reprimidas en la ciudad capital y en puntos del  interior del país como la provincia de Chiriquí. De hecho, los arrestos en esta cuarentena superan los 10 mil.

Los bonos, vales y bolsa de comida son distribuidas por representantes de corregimiento, alcaldes y diputados de todos los partidos tradicionales en base a criterios de clientelismo político.

Todas estas situaciones impiden la paz y la tranquilidad necesarias en los hogares panameños para enfrentar esta crisis y hacer valer la cuarentena. Lo cual se agrava con las constantes incongruencias y contradicciones en el manejo de la información por parte de las autoridades.

Para colmo, el 9 de abril, el gobierno autorizó a los ministros de Seguridad y de Gobierno a presentar leyes para endurecer las penas por “vandalismo” y “saqueos” y modificar el Código Penal para tipificar como delito la desobediencia a las medidas de cuarentena. En el fondo se busca criminalizar la protesta social ante la incapacidad gubernamental de dar respuesta a las comunidades.

En Minera Panamá, a pesar de las denuncias, debieron pasar más de 15 días, un muerto reconocido oficialmente y decenas de contagiados para que las autoridades tomaran la decisión de cerrar temporalmente el proyecto minero, hecho que aún es puesto en dudas por muchos sectores, al menos en su totalidad, ya que trabajadores denuncian que algunos campamentos siguen laborando.

Sumemos a esto la evidente política del gobierno de priorizar los intereses del capital financiero y los grandes empresarios por encima de los intereses de los pobres y vulnerables, haciendo más incierto nuestro futuro. Además, el silencio que los grandes medios de comunicación imponen a las voces críticas que surgen por el manejo de las autoridades a esta crisis.

Petición


Solicitar ayuda solidaria en lo que respecta atención médica de países con experiencia en el manejo de crisis de esta naturaleza como Cuba y China, ante un virtual colapso de nuestro sistema de salud pública.

Suministro de medicamentos, equipos y otros insumos para el personal de salud.

Pronunciamientos para que cese la represión y la violación de los derechos humanos contra nuestro pueblo, pues ello afecta la necesaria unidad nacional que se requiere para combatir el virus.

Interceder ante el Presidente de la República para que la ayuda llegue lo antes posible a los panameños que hoy no tienen qué comer. Dirección: Palacio de las Garzas, Corregimiento de San Felipe; Apartado Postal: Presidencia de la República, Panama 1, República de Panamá; Central Telefónica: (507) 527-9600. Twitter: @presidenciapma

Difundir este llamamiento en las redes sociales y medios de comunicación a nivel internacional.

Dado en Panamá, a los 9 días del mes de abril de 2020.

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES






Enviado el Sbado, 11 abril a las 15:51:53 por franckoi
 
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