Sobre el tema de la seguridad social se ha impuesto un discurso mediático que busca justificar las medidas neoliberales a la CSS. Se trata de un proceso sistemático que ha estado dirigido a cercenar derechos de los asegurados.

Sin titubear, los grupos pro privatización de la Caja de Seguro Social, embisten contra la institución en medio del coronavirus. Abanican su interés de hacerse de los fondos de los Programas de IVM y de Enfermedad-Maternidad.

Al igual que en el periodo antes del COVID-19, no existe estudio auditado, ni actuarial, pero si recetas de “solución”. Llaman a:


Los argumentos de Francisco Bustamante.

Inicia mencionando que “Impusieron un Programa Cerrado (Subsistema de Beneficio Definido/SBD), pues no hay nuevos cotizantes, por ende, no existe “viabilidad” ni “sostenibilidad” de un programa que cada día tiene menos cotizantes, y más pensionados. Claramente, es un sistema no sostenible, que impuso el gobierno de Martín Torrijos-PRD (mismo partido que hoy gobierna), ante las exigencias de las IFI´s y con el aval de la patronal, partidocracia y traidores del movimiento social la Ley 51 (Ver Pacto de Gamboa), que cercenó la posibilidad de nuevos cotizantes al SBD (Solidario) en IVM.

Sumisión frente a los abusos y callado frente a la corrupción. Ante los problemas del sistema de informática y la deuda patronal (cuotas cobradas y no trasladada a la CSS), acepta que la “inversión en informática (SAFIRO y SIPE) es un fraude, y que la deuda patronal (gobierno y sector privado) es un problema y un delito penal. Sin embargo, deja en el limbo el sistema de informática, pues según él “tardaría casi dos años resolverlo” y la deuda, planteando que después serán tratados “veamos de aquí en adelante, lo viejo se ve después”. Su propuesta, es conveniente a empresarios y corruptores. Olvida Bustamante, que este atraco contra los recursos de los asegurados, están generando precariedad en los servicios de la institución (en salud y pensiones). Po el otro lado, guarda silencio frente a la mora que se otorgó a las empresas para el pago de la cuota obrero-patronal, en medio del coronavirus y ante las denuncias de corrupción en la institución, incluyendo los 168 millones de dólares para la compra de robot farmacéuticos a consorcio mexicano involucrado en casos de corrupción.

Dice que el “sistema de pensiones en Panamá es el más generosos de América Latina”. Extremadamente generoso “cubre desde antes de nacer hasta después de morir”. ¿Es esto malo? Generoso en qué sentido y para quienes, si el 42.5% de los pensionados son pobres; 62.5% de los pensionados se ubican en pensiones de 500 balboas mensuales o menos; alrededor de 12,000 pensionados cobran 200 balboas mensuales de pensión o menos; 80% de los pensionados reciben menos que Salario Mínimo.

Para Bustamante “No hay papá gobierno, es la sociedad la que asumirá el costo a través de más impuesto, o aumento de cuota, o menos prestaciones”. Con ello descarta que el Estado proporcione los recursos necesarios para la seguridad social. Este discurso, s el mismo que cuestiona los subsidios a la población, pero favorece los subsidios a las empresas. Es el discurso que olvida, que en medio del COVID-19, es el Estado el que ha salido al “rescate de los bancos, de las grandes empresas”, para ellos si hay papá gobierno. Los recursos son del pueblo panameño, de los trabajadores que pagamos impuestos, que pagamos cuotas a la CSS. Si de rescate se trata, exigimos que la prioridad sea la CSS, los sectores productivos que generar empleo y por ende cuotas a la seguridad, las micro y pequeñas empresas.

Señor Francisco Bustamante, la CSS es una institución de seguridad social, su eficacia y rentabilidad tiene como centro la rentabilidad social. Claro, usted, como los neoliberales, quieren medir eficiencia (relación costo beneficio), rentabilidad financiera (ganancia). Ustedes colocaron a la Caja como entidad financiera, para garantizar el respaldo de la deuda externa, para hacerla aval del déficit fiscal, tal como exigen el FMI y el BM. Para nosotros, los trabajadores, la seguridad social pasa por garantizar los determinantes que hacen la vida saludable. 

Advertimos a los privatizadores y al gobierno que no permitiremos la entrega de los recursos de los asegurados a las mafias internas y externas que pretenden seguir saqueando nuestra institución de seguridad social. Advertimos a los integrantes de la Junta Directiva y a la Administración de la CSS, que seguiremos en nuestra posición de denuncia, tal como lo viene haciendo nuestro representante en la Junta, de los negociados, actos de corrupción, medidas privatizadoras que se intenten imponer; en las calles defenderemos el derecho a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, y sus beneficiarios.

Llamamos al pueblo honesto y trabajador a mantenernos alerta. La CSS es de los trabajadores y sus beneficiarios. Esta Caja no se vende, esta Caja se defiende.