Cuando se creó bajo imposición el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) a través de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, FRENADESO manifestó que constituía la puerta de entrada para tomar los fondos de la privatización, permitiendo al gobierno usar los fondos de forma inmediata.
Este intento de hacerse de los fondos del pueblo panameño no es nueva, desde la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (Hoy FAP), la partidocracia en el gobierno (Moscoso luego Martín) ha modificado la ley para tener acceso a los recursos financieros.
Martinelli no ha sido la excepción, luego de crear el FAP, en diversos momentos ha gestado reformas a la Ley 38 para hacerse de fondos vendiendo los principales activos del país. En un nuevo intento, el pleno de la Asamblea, mientras que proyectaba por un lado su show mediático de la Defensoría del Pueblo, aprobó el día de ayer el proyecto de ley N° 569, que busca modificar el FAP, acción que en diversas ocasiones ha sido rechazada por el pueblo panameño.
Esta modificación abre el compás para la venta de instancias comprendidas en el rango de empresas mixta del Estado: AES Panamá, S.A.; Bahía Las Minas Corp.; 49% acciones estatales en Cable & Wireless Panamá, S.A.; Elektra Noreste, S.A.; Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.; Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.; Fortuna, S.A.; Energía y Servicios de Panamá, S.A.; Panamá Ports Company y Petroterminal de Panamá, S.A. Se trata de un monto financiero estimado de 2,147 millones de dólares.
Además, no podemos olvidar las intenciones de venta de los terrenos de la ZLC y la privatización del IDAAN. Aunado a ello, se ha dado el visto bueno para la continuidad de la venta de tierras en las revertidas.
Recordemos que los recursos del FAP saldrán de los ingresos del Canal de Panamá, la venta de las acciones, las herencias y legados que se hagan al Estado.
Como explicar los requerimientos de fondos en una economía que ha mantenido un ritmo de crecimiento del PIB. Como podemos justificar la venta de empresas rentables, que con su venta los beneficios que percibe el país disminuirán.
¿Cuál es la urgencia notoria? Es sabido que Martinelli requiere fondos adicionales para hacerle frente al déficit fiscal, a los pagos adelantados a los contratistas de los megaproyectos, al endeudamiento, a la campaña politiquera de su partido con miras al 2014 y a sus compromisos externos.
Como se ve, Martinelli continúa en su política de venta de la patria, de entrega de los recursos del país a socios y a grandes corporaciones. El pueblo se pregunta si se trata del último asalto de este gobierno a la cosa pública.
Todos los trabajadores y el pueblo panameño en general debemos rechazar esa decisión del gobierno porque eso trae como consecuencia el encarecimiento de los servicios y el despido de trabajadores, tal como ha sucedido con todos los servicios públicos privatizados hasta la fecha. En todo momento la venta de los activos nacionales ha favorecido a los grupos de poder económico y político (Ver procesos de privatización en Panamá).
No cabe duda que este es un gobierno mercader, donde la ganancia está por encima de la calidad de vida del pueblo panameño, y donde los intereses de una minoría, de la cual forman parte, prevalece por encima del bien común.
Panamá, 31 de julio de 2013.
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