Suelen decir los magistrados del Tribunal Electoral que la ‘democracia cuesta', frase que según ellos es argumento suficiente para justificar millonarias partidas para el torneo lectoral. En este orden, suele decirse que tenemos que ‘perfeccionar la democracia'. En el país suele catalogarse de ‘periodo democrático', a los años posteriores a la invasión norteamericana a Panamá. Estas afirmaciones dan por hecho que en Panamá hay democracia.
La democracia, por otro lado, puede ser entendida como una doctrina política y una forma de vida en sociedad, su principal función es el respeto por los derechos humanos, la protección de las libertades civiles y de los derechos individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, económica y cultu ral de la sociedad. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos de personas donde todos los individuos participan en la toma de decisiones.
Bajo esta conceptualización, la pregunta es ¿hay democracia en Panamá? La respuesta es NO, en la medida que es constante la violación de los derechos humanos de los panameños por parte de los Gobiernos, ver caso reciente de desalojos forzados, las libertades civiles están mediatizadas por los intereses de los grupos que ostentan el poder económico y político; las leyes que rigen la sociedad panameña cada vez más restringen la participación política, económica y cultural de la ciudadanía; aunado al hecho de no ser considerados en la toma de decisiones de temas fundamentales.
Un ejemplo a tal situación es la recién aprobada reforma electoral, por parte de la Asamblea Nacional, en segundo debate, que mantiene el financiamiento privado, estableciendo topes que le permiten obtener hasta 500 millones de balboas para gastarlo en solo dos meses, y no hay control.
En el caso del financiamiento público, se repartirán 50 millones de balboas de financiamiento preelectoral, de los cuales el 96.5 % irá a los partidos que subsistieron en la pasadas elecciones (PRD, CD, Panameñista, Molirena y Popular); repartición que se basa en los resultados de las elecciones más clientelistas y fraudulentas de los últimos tiempos. El resto del financiamiento, 3.5 millones, será entregado a candidatos independientes (que se explica por la opción que maneja el poder económico para promover sus fichas de recambio ante el descrédito de la partidocracia. Como se ve, los partidos nuevos no recibirán financiamiento público, por lo cual no tendrán acceso a propaganda en medios de comunicación (solo será financiada con el aporte público).
Esta última consideración explica la campaña de calumnias de algunos medios de comunicación social contra el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que está en proceso de reinscripción y de formalizarse, luego que fue el último partido que logró inscribirse en más de 16 años, desafiando un Código Electoral antidemocrático. Es decir, el FAD ya demostró que los sectores populares pueden inscribir su instrumento político electoral, lo que no le perdona el poder económico, por eso cambian las reglas de elecciones para el 2019.
Las reformas, de ser sancionadas, serán más antidemocráticas. Hasta ahora, de 1994 a la fecha, el financiamiento público se repartía por igual entre los partidos constituidos, tal como lo establece la Constitución. Esta reforma violenta la Constitución en el artículo 19 que establece que ‘No habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas'. Pero el artículo 141 va más allá: ‘El Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos de campaña en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales. La Ley determinará dichas fiscalizaciones y contribuciones, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato'.
Estas y otras materias que profundizan aún más el antidemocrático Código Electoral, han sido el trabajo de los cuestionados diputados de la patria. Solo queda luchar por una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer la podredumbre que impera en los órganos de Gobierno.
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
