Los defensores del llamado libre mercado sostienen que la liberalización de los precios de los bienes y servicios constituye un obstáculo a la ley de la oferta y la demanda.

Según los neoliberales, el libre mercado generará precios más bajos dada la competencia entre los empresarios, por tanto la regulación de precios se torna obsoleta. En nuestro país, este ha sido el discurso desde 1983 cuando se cerró la Oficina de Regulación de Precios (ORP), sin embargo la realidad demuestra que en ningún caso los precios han disminuido para los consumidores; por el contrario, el costo de la canasta básica familiar ha presentado una tendencia ascendente.

Los incrementos en los precios de consumo básico, producto del aumento en los precios de petróleo y su consecuente aumento en los precios de servicios generación eléctrica, la especulación empresarial en los alimentos de mayor consumo, la estructura oligopólica del mercado, entre otros, generó una situación que provoca una desmejora en la calidad de vida de los trabajadores que ganan el salario mínimo y una restricción en los que devengan un tanto más. La subida de precios no solo castiga a los sectores más pobres, sino que genera un impacto distributivo regresivo.

En su campaña electoral Varela prometió reducir el costo de los alimentos, utilizando el mecanismo ‘control de precios de emergencia', para 22 productos de la canasta básica de alimentos, lo que equivaldría a colocar B/. 58.00 en los bolsillos de los panameños. La medida del Gobierno no frenó el alza de los precios de los bienes y servicios básicos, por lo cual se vio obligado a cambiar la metodología para su medición. El pueblo ya no aguanta más el elevado costo de la vida, siendo cada vez más difícil para una familia mantener un nivel de vida con dignidad donde al menos alcance para comprar los alimentos suficientes para que la familia tenga fuerzas para estudiar, trabajar y realizar una serie de actividades. Es un eufemismo el control de precios del Gobierno en la medida en que la conducta especuladora de los empresarios se mantiene y el aumento de los precios de los principales alimentos de consumo también.

Iniciado el 2018 el Gobierno ha anunciado el aumento de la tarifa eléctrica y esta semana aumentó el precio del combustible. Sin lugar a dudas, ello generará una espiral de aumentos de los precios de los productos y servicios básicos en la medida que los empresarios trasladan los aumentos de precios, provocando mayor pérdida del poder de compra de los salarios, el cual hoy se estima en más de un 30 %.

Sin duda, el costo de la vida lacera los estómagos y los bolsillos de todos los trabajadores panameños, y eso junto a la creciente informalidad laboral y la galopante corrupción que campea la esfera pública se constituye en un atentado contra el derecho a la vida digna del pueblo panameño.

La respuesta al problema del alto costo de vida es disminuir y congelar los precios de los artículos de primera necesidad, establecer un verdadero control de precios, eliminar las estructuras oligopólicas del mercado, eliminar la cadena de intermediación inescrupulosa y especulativa que encarece los precios, promover el agro e impulsar una política que estimule la producción nacional de alimentos y decretar un aumento general de salario, que permita recuperar la pérdida del poder de compra que nos mantiene como clase asalariada en pobreza.

El resultado de esta medida permitirá al pueblo en general accesar a alimentos más baratos, impulsará la demanda y por ende reactivará la economía doméstica. Aunado al hecho de establecerse como mecanismo de frenar la pauperización a la que se somete cada vez más a la mayoría de la población panameña.