Panamá: ¿Para dónde vamos?

La ganancia empresarial se impone al derecho a la vida digna de la población. En Panamá, mandan los empresarios, muestra de ello, el veto parcial al proyecto de Ley 287 referente a la moratoria en los servicios bancarios, sector históricamente privilegiado, a quien se le otorgan 115 millones de dólares provenientes de un acuerdo del Gobierno con el FMI, pero además aparece otra vez en la lista de la Comisión Europea en torno al blanqueo de capitales.

Pero, es el sector empresarial el llamado por Laurentino Cortizo para planificar “el día después del coronavirus”. Proponen regresar a la “normalidad”. Pero ¿qué normalidad? ¿La que existía antes del coronavirus?

La radiografía del país registra la más absurda inequidad social, al punto de ser el sexto país más inequitativo del mundo. Un crecimiento económico concentrado en pocas actividades económicas, región y manos. Sustentada en macroproyectos, especulación inmobiliaria, venta del patrimonio nacional, control financiero de las grandes corporaciones, consolidación de monopolios y oligopolios. Es decir, una economía rentista a favor de los 115 ultramillonarios que destruye los sectores productivos (agro e industria).

Igualmente, priva el desmantelamiento de lo público: educación, salud, seguridad social, acceso al agua potable. Prueba de ello, la primera medida promovida por el actual Gobierno, la denominada Asociación Público-Privada, fórmula bajo la cual se pretendía ejecutar los principales proyectos estatales. Detrás de ello, se esconde la profundización del deterioro de lo público para justificar privatizaciones.

Pero no es lo único, también impera el creciente endeudamiento público (31 018 millones de dólares) que no se justifica, dado el nivel de necesidades insatisfechas que confronta la mayoría de la población. La corrupción, también se hace galopante, ante la impunidad reinante.

A nivel del mercado laboral, el desempleo es creciente, mientras que la informalidad es la característica que prevalece en el mercado laboral (65 % de los nuevos empleos generados antes del COVID-19 son informales); los niveles salariales no se corresponden con el alto costo de la vida (no permite cubrir el costo de la canasta básica ampliada para una familia de cuatro personas); ola de despidos tanto en el sector público como privado. Panamá, para el 2020, el país de América Latina con percepción de generación de empleo más bajo, a pesar de la proyección de crecimiento, antes del coronavirus, más alto de la región (según BM Panamá proyección del 4.2 %).

Hoy día, profundizado con el coronavirus, amplios sectores ciudadanos, trabajadores del campo y la ciudad, grupos campesinos, pueblos originarios, grupos barriales, movimientos sindicales, profesionales, micro y pequeños productores y empresarios, docentes, estudiantes, y desempleados, sufrimos, en distintos grados, los efectos acumulados de 41 años de neoliberalismo, que ha favorecido el mercado, la ganancia y a los grupos de poder económico internos y del extranjero.

Ello, acompañado de una forma de gobernar de los sectores oligárquicos, fundamentada en la injusticia social, desigualdad, exclusión, pobreza, corrupción, impunidad, descomposición moral y ética, clientelismo político, tráfico de influencias y debilitamiento del Estado Nacional.

Desde hace algunas semanas, la patronal presiona por la reapertura de los negocios, sin importar la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. El Gobierno prepara el escenario, a pesar de las advertencias de la OMS, las conferencias de prensa encabezadas por el Minsa buscan plantear un escenario optimista en torno al coronavirus para justificar así el cumplimiento por parte del Gobierno de las exigencias de las grandes empresas y corporaciones. Se cambia la metodología y se plantea un escenario optimista falsamente creado, mientras aumentan dramáticamente los muertos y el número de contagiados.

Esa no es la “normalidad” que desea el pueblo panameño. ¿A dónde ir? Debemos construir una sociedad verdaderamente democrática, equitativa, participativa y con justicia social, en la cual impere la solidaridad humana y el respeto irrestricto a todos los derechos humanos, y se construya el Estado Nacional, con independencia y verdadera soberanía. Es necesaria una Asamblea Constituyente Originaria autoconvocada.