Trabajo en condiciones de esclavitud

La situación de desigualdad social en Panamá ya era alarmante antes de la COVID-19. En lo laboral, un creciente desempleo del 7.1 %, la informalidad era la tónica del mercado laboral, 47 % de la PEA ocupada (si sumamos los agrícolas, 52 %), 26.3 % de los profesionales está desempleado, 65 % de los nuevos empleos generados es informal. Aunado a bajos salarios, ajuste del salario mínimo más bajo de la historia (1.1 %, 3 % y 8 %) y un salario promedio que no cubren el costo de la canasta básica familiar (alimentos y otros gastos necesarios). La tónica en los últimos años: despidos en el sector público y privado; un empresariado cuya percepción de generación de nuevos empleos era la más baja de América Latina, pese a las proyecciones de crecimiento económico.

Es decir, un sistema que emprende el crecimiento económico bajo la lógica de mayor extracción de plusvalía relativa, lo que implica mayor tasa de explotación: “producir más con un menor costo de la fuerza de trabajo”. Ello se viene promoviendo desde 1995 con la imposición a sangre y fuego de las reformas al Código de Trabajo (Ley 44), en el Gobierno de Pérez Balladares, que generó mayor informalidad laboral. No satisfecha con ello, la patronal viene exigiendo nuevas reformas. Primero bajo el concepto de productividad, que fue dado por la clase obrera, pero que no bastó al apetito de empresarios, hoy plantean “productividad para la competitividad”, que implica trabajo en condiciones de esclavitud (precariedad laboral: ausencia de derechos).

Aprovechando la pandemia, el Gobierno 100 % empresarial de Cortizo apresuró a servirle al poder económico. Un conjunto de decretos que de manera inconstitucional e ilegal cercenan derechos de los trabajadores. Suspensión de contratos laborales a miles de trabajadores que son enviados a casa sin salarios, sin prestaciones sociales, con derechos mermados, quedando en la más completa indefensión. Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno ha implementado medidas que atentan contra los derechos de la mayoría de la población, en el orden social, económico, sanitario y laboral.

La patronal busca sacar ventaja de este estado de emergencia nacional y aprovechar para imponer viejas aspiraciones de reformar el Código de Trabajo, que puede implicar una “nueva relación capital- trabajo”, “la nueva normalidad”, la del reduccionismo de derechos humanos y laborales. Los discursos de sus diferentes voceros son claros, “un nuevo Código gústele a quien le guste”, que no requiera de leyes especiales, pues el mismo es lo suficientemente flexible para la competitividad; lo que “debe prevalecer es el salario legal”, negando acuerdos de convenciones colectivas; “eliminar el requisito de ser nacional para cualquier profesión u oficio”, que persigue abaratar el costo de la fuerza de trabajo, desplazar profesionales y colocar en cargos de dirección a personal extranjero. Los patronos no ponen nada, aprovechan la pandemia para beneficiarse y perjudicar más a los trabajadores.

Rápido y audaz, que no es característico del Gobierno de Cortizo, llevó a la Asamblea Nacional el Proyecto Ley 354 que modifica el Código de Trabajo. Son reformas criminales que desmejoran los salarios y las condiciones de trabajo, desprotegen a los trabajadores frente al patrono, atentan contra la mujer trabajadora, violan la libertad sindical. Son reformas que echan por tierra derechos y conquistas logradas con sangre por el movimiento obrero nacional e internacional. Reformas que serán avaladas por toda la partidocracia y los independientes, a tambor batiente.

Pero no solo es el Proyecto Ley 354, está un conjunto de proyectos que también es atentatorio de los derechos de los trabajadores: Decreto que reduce la jornada de trabajo y por ende salarios y el Proyecto de los Vales (según el Gobierno, son acuerdos de la Mesa Tripartita), el Proyecto de los días puentes (lesivo a los trabajadores y que busca borrar la memoria histórica del pueblo para favorecer las ganancias de los 115 ultramillonarios), entre otros. Pero no solo es el tema laboral, están las intenciones de reformar la Ley Orgánica de la CSS (Paramétricas), aumentar impuestos al consumo (ITBMS), privatizar agua, salud y educación.

Conusi nació al calor de la lucha contra la Ley 44 de 1995, cuando emprendimos la defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy, en las calles, defendemos los legítimos intereses de la clase obrera. Demandaremos, de imponerse este nefasto proyecto en las instancias legales nacionales e internacionales, y mantendremos la lucha en las calles contra la embestida empresarial-gubernamental.